El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a ceder ante el separatismo vasco. A finales de septiembre de 2025, el Ministerio de Trabajo, bajo el mando de Yolanda Díaz, concedió 44.000 euros a Pausu Media, una entidad relacionada con la banda terrorista ETA.

La ayuda figura en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP), donde se detalla que el 22 de septiembre la organización recibió por primera vez fondos del Estado. Hasta ahora, sólo se había beneficiado de subvenciones autonómicas procedentes de los gobiernos vasco y navarro, además de consistorios como los de Irún y Pasaia.

La inyección económica proviene del Plan Integral de Impulso a la Economía Social enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente al año 2025. Oficialmente, se justifica como una medida para fomentar un «tejido económico inclusivo y sostenible». Sin embargo, detrás del lenguaje técnico se esconde una realidad incómoda: el Ejecutivo central financia con dinero público a una entidad con pasado etarra.

Pausu Media se presenta como “una asociación comprometida con los valores del tercer sector de la comunicación”. Durante sus primeros años promovió la creación de medios en euskera en el área del Bajo Bidasoa. Entre sus proyectos destacan la emisora Antxeta Irratia, el portal digital Bidasoa Media y su versión en línea, Antxeta Irratia por internet. En 2010 amplió su actividad con Antxeta II Irratia, desde donde difunde contenidos en Donostialdea, Oarsoaldea y Buruntzaldea, detalla El Debate.

En su propia descripción, la organización afirma trabajar por “la normalización del euskera”, “la diversidad cultural” y “la igualdad de género”. Sin embargo, su estructura interna revela conexiones inquietantes.

Tal como publicó The Objective, la vicepresidenta de Pausu Media es Miren Azkarate, una exetarra condenada a cinco años de prisión por colaborar con la banda terrorista ETA. En su recurso, la defensa intentó justificar su relación con el grupo terrorista alegando un supuesto vínculo sentimental con el etarra Fernando Bert, pero la Audiencia Nacional rechazó el argumento por falta de pruebas. La sentencia del Tribunal Supremo fue contundente: “Nada indica que existiera alguna disminución en su capacidad de conocer la ilicitud de la conducta, consistente en colaborar con una banda terrorista, ni de ajustar su actuación a ese conocimiento”.

Desde 2021, Pausu Media ha recibido 33.086,82 euros del Gobierno vasco y 52.867,03 euros del Gobierno de Navarra en concepto de subvenciones directas sin contraprestación. La nueva ayuda de 44.000 euros concedida por el Ejecutivo de Sánchez supone un salto cualitativo: por primera vez, una organización vinculada al entorno etarra pasa a recibir financiación directa del Estado.

Mientras el Ejecutivo continúa blanqueando el pasado de quienes nunca han condenado el terrorismo, los fondos públicos fluyen hacia entidades que mantienen vivo el legado ideológico de ETA bajo la apariencia de proyectos culturales y lingüísticos.