El Gobierno de Sánchez, a través de la embajada española en Grecia, gestionó la compra de billetes para vuelos comerciales destinados a los activistas españoles de la flotilla que fueron deportados por Israel y que rechazaron regresar a bordo del avión militar A400M enviado desde Zaragoza. Pese a que el Ejecutivo había dispuesto un dispositivo de repatriación con el Ejército del Aire, varios de los implicados —entre ellos exmiembros de ETA y militantes de la izquierda independentista catalana— se negaron a embarcar en el aparato militar, según ha avanzado The Objective. Finalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores asumió sus exigencias y abonó con dinero público el coste de los pasajes.
El episodio ha provocado malestar entre diplomáticos y miembros del propio cuerpo consular, que observan con indignación cómo el Gobierno accedió a sufragar los billetes de 16 españoles repatriados desde Atenas tras su expulsión de Israel. Según confirmaron fuentes diplomáticas a The Objective, la embajada en Grecia se encargó directamente de tramitar y pagar los vuelos de regreso, ignorando el precedente de otros países como Suiza o Portugal, que ya han anunciado que cobrarán a sus nacionales los gastos ocasionados durante el proceso de deportación.
La operación tenía un alto componente político y simbólico. Moncloa quería presentar ante la opinión pública la imagen de un Ejecutivo que no sólo había acompañado a la flotilla con un buque de la Armada —aunque este nunca se aproximó a menos de 15 millas de distancia ni tuvo autorización para intervenir—, sino que además garantizaba el retorno seguro de sus ciudadanos. Sin embargo, el plan inicial no se desarrolló como estaba previsto: la primera tanda de deportados fue repatriada en vuelos comerciales costeados por Exteriores, sin poderse encuadrar oficialmente dentro de una misión institucional.
Ante esa situación, el Ministerio de Defensa diseñó una operación de tipo NEO (Evacuación de No Combatientes) para traer de vuelta a los 28 españoles que aún permanecían fuera del país. El objetivo era recogerlos directamente en Israel, pero el Gobierno de Benjamin Netanyahu rechazó la propuesta, insistiendo en que los activistas serían expulsados a través de Grecia para subrayar que su salida se debía a una deportación. Así, los españoles fueron trasladados a Atenas, donde un avión militar del Ala 31 aguardaba para llevarlos a casa.
El A400M, que despegó de Zaragoza a primera hora del 6 de octubre, llegó a mediodía al aeropuerto de Atenas y permaneció en pista varias horas hasta la llegada del vuelo procedente de Tel Aviv con los deportados. Todo estaba preparado para que embarcaran los 27 españoles —una mujer permaneció detenida por agredir a una enfermera—, pero al mediodía se confirmó el contratiempo: sólo una docena de pasajeros aceptaba subir al avión del Ejército. El resto exigía hacerlo en vuelos comerciales y, además, con los billetes pagados por la embajada.
Entre quienes se negaron se encontraban cuatro ciudadanos vascos y una docena de activistas catalanes, algunos vinculados a la CUP. Según fuentes diplomáticas, la reacción de los funcionarios españoles fue de sorpresa y desconcierto: los deportados habían sido informados de que el avión estaba listo para despegar, pero su respuesta fue tajante. En el caso de los catalanes, el coste de los billetes fue asumido, según ellos mismos, por la Generalitat. En cuanto a los cuatro vascos, fue la propia embajada española en Grecia la que sufragó el viaje de regreso a Bilbao en un vuelo de Volotea que aterrizó esa misma noche.
En ese grupo se encontraban dos antiguos miembros de ETA: Itziar Moreno Martínez, alias Hodei, y José Javier Osés Carrasco, conocido como el Jotas. Moreno, que formó parte del comando Basakatxu, fue condenada a 15 años de prisión por distintos atentados, aunque no por delitos de sangre. Tras cumplir 11 años, fue entregada a España y puesta en libertad pocos meses después. Osés Carrasco, por su parte, fue condenado en Francia a ocho años por su participación en el aparato logístico de la banda terrorista. En 2018 fue entregado a las autoridades españolas y un año más tarde quedó en libertad.
