Entre las más de 800 personas de 50 países que formaban parte de la ‘Global Sumud Flotilla’ se encontraban dos miembros de ETA condenados por terrorismo. Se trata de José Javier Osés Carrasco, profesor de instituto en Tudela con antecedentes por pertenencia a la organización armada, y de Itziar Moreno Martínez, sentenciada en Francia en 2016 por un intento de asesinato de gendarmes. Ambos viajaban a bordo del buque Sirius, junto con otros activistas españoles y extranjeros.
La operación naval israelí tuvo lugar el miércoles por la tarde, a unas 80 millas de la costa de Gaza. La Armada interceptó la flotilla en aguas internacionales argumentando que se había adentrado en un área militarizada bajo bloqueo. Según las autoridades de Tel Aviv, se trataba de impedir que los barcos vulneraran lo que califican como un «cordón marítimo legítimo» alrededor de la franja.
La expedición humanitaria había zarpado a finales de agosto con un total de 43 embarcaciones, cuyo objetivo declarado era «transportar alimentos, medicinas y otros recursos básicos» hacia una población palestina azotada por la escasez. No obstante, la interceptación ha dejado 40 buques retenidos y alrededor de 800 tripulantes trasladados hacia Israel.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha confirmado que entre los participantes había 65 ciudadanos nacionales. Se calcula que unos 40 de ellos ya se encuentran bajo custodia israelí. Desde el Gobierno se insiste en que los españoles viajaban con un propósito exclusivamente solidario y que no debe atribuírseles responsabilidad criminal alguna. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha presentado una queja formal a la embajada israelí y asegura que se prestará asistencia consular hasta la liberación y repatriación de los detenidos.
Entre las caras más conocidas de la flotilla se encontraba Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y reconocida activista social, también embarcada en el Sirius. A ella se unían perfiles de distinto signo, como el diputado valenciano y escritor Juan Bordera Romá, el periodista y cineasta Luay Al Basha, o el voluntario Simón Francisco Vidal Ferrandis.
Israel ha prometido que la ayuda incautada podría canalizarse a Gaza a través de sus propios mecanismos, aunque organizaciones no gubernamentales advierten de que en anteriores ocasiones ese compromiso no se materializó. La práctica habitual ha sido la expulsión inmediata de los activistas, tratados como infractores migratorios y sancionados con la prohibición de entrada al país durante décadas. Sin embargo, la magnitud de esta flotilla y la atención mediática generan inquietud sobre un posible endurecimiento de las medidas.
El traslado de algunos arrestados a la prisión de Ketziot, un complejo de máxima seguridad en el desierto del Néguev, ha intensificado las críticas de abogados y asociaciones de derechos humanos, que temen condiciones más severas que en precedentes similares.
