Poco más de un mes después de que Ceuta sufriera una entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos que desbordó su frontera y obligó a movilizar un dispositivo extraordinario de seguridad, el Ministerio del Interior ha adjudicado por apenas 65.000 euros la instalación de un nuevo sistema de sensores y alertas en el perímetro fronterizo de la ciudad autónoma, según publica Vozpópuli.

El expediente, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contempla la implantación de un sistema destinado a mejorar la detección de nuevos intentos de entrada a través de la valla, pero establece un plazo de ejecución de siete meses. El contrato ha sido adjudicado a SGS Tecnos S.A. por 65.000 euros con impuestos incluidos —58.656 euros sin impuestos— después de que únicamente se presentaran dos ofertas.

La cantidad contrasta con la magnitud de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas se concentraron en territorio marroquí y lograron acceder a Ceuta. El Gobierno terminó cifrando en 72.000 los inmigrantes que llegaron a la ciudad autónoma durante aquellos días, en uno de los mayores episodios de presión fronteriza registrados en España.

65.000 euros ante una frontera desbordada

La crisis obligó al Ejecutivo a movilizar a Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, además de ampliar de manera acelerada la capacidad de acogida existente en Ceuta. Antes de la avalancha, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) disponía de alrededor de 500 o 600 plazas. Posteriormente tuvieron que habilitarse más de 3.400 plazas adicionales en diferentes instalaciones para absorber la llegada masiva.

Es en ese contexto en el que Interior ha decidido invertir ahora 65.000 euros en reforzar tecnológicamente la valla. El propio Ministerio reconoce en la documentación que la actuación responde a una situación excepcional y ha recurrido a una tramitación de emergencia debido a la «extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles».

El objetivo del contrato consiste en sustituir el sistema actual de sensorización por otro más avanzado que permita incrementar la «eficiencia, efectividad y capacidad de respuesta» ante amenazas o nuevos intentos de superar el perímetro fronterizo.

Sin embargo, la actuación no contempla una remodelación integral de la valla, la construcción de nuevas barreras físicas ni una ampliación significativa del perímetro. El expediente se limita a los trabajos técnicos necesarios para implantar el nuevo sistema de sensores y alarmas, así como a las labores de asistencia y coordinación de seguridad asociadas al proyecto.

Siete meses para instalar el nuevo sistema

Otro elemento significativo del contrato es el plazo. Aunque Interior ha recurrido al procedimiento de emergencia alegando la necesidad de actuar con rapidez, la ejecución prevista se prolongará durante siete meses.

Eso significa que la nueva tecnología no estará plenamente implantada de manera inmediata, pese a que la propia Administración reconoce en el expediente la urgencia de reforzar la capacidad de detección tras los acontecimientos de finales de julio.

El contraste entre la inversión y la dimensión de la crisis resulta especialmente llamativo. Una frontera que acaba de soportar la llegada de decenas de miles de inmigrantes recibirá un refuerzo tecnológico cuyo coste total equivale a 65.000 euros, mientras el Ejecutivo ha tenido que movilizar posteriormente cantidades muy superiores para afrontar las consecuencias sociales, policiales y de acogida derivadas de la entrada masiva.