España vive uno de los momentos de mayor acumulación hídrica de las últimas décadas. La reserva de agua se sitúa ya en el 82,49% de su capacidad, con 46.229 hectómetros cúbicos almacenados, según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, mientras los embalses rozan máximos históricos, el Gobierno de Pedro Sánchez apenas invierte en el mantenimiento de las presas el 3,2% de lo que recomiendan los expertos, según informa Ok Diario.

España cuenta con unas 2.400 presas, de las cuales 375 dependen directamente del Estado. La última memoria anual publicada por la Dirección General del Agua (correspondiente a 2023) refleja que el Ejecutivo destinó 16,25 millones de euros a mantenimiento, conservación y asistencia a la explotación.

La cifra contrasta con la recomendación reiterada de especialistas en ingeniería hidráulica, que sitúan la inversión necesaria en torno a 500 millones de euros anuales para garantizar la seguridad y modernización del sistema. El resultado: el Gobierno apenas ejecuta una fracción mínima de lo aconsejado mientras mantiene un discurso público centrado en la agenda climática y la «resiliencia ambiental».

La situación adquiere mayor gravedad si se atiende al estado del parque hidráulico español. De las 2.400 presas existentes, 1.200 están catalogadas como grandes presas, y alrededor de 400 tienen más de 60 años de antigüedad.

No se trata de infraestructuras accesorias: garantizan el abastecimiento urbano, el riego agrícola, la producción hidroeléctrica y la regulación frente a sequías e inundaciones.

Además, el 39% de las presas están clasificadas en categoría A, es decir, con riesgo potencial elevado en caso de fallo o rotura. Entre ellas, 294 son de titularidad estatal. Esta categoría implica que un mal funcionamiento podría afectar gravemente a núcleos urbanos, servicios esenciales o generar daños medioambientales de gran magnitud.

El reciente ciclo de lluvias ha intensificado la presión sobre estas estructuras. Solo en enero, la Agencia Estatal de Meteorología registró 119 litros por metro cuadrado en la España peninsular, un 85% por encima de la media del periodo 1991-2020. No se veía un enero tan lluvioso desde 2001.

Cuando los embalses alcanzan niveles cercanos a su capacidad máxima, aumenta la presión hidrostática sobre los muros de hormigón, lo que exige un control riguroso de filtraciones, deformaciones y sistemas de desagüe. La vigilancia técnica no es opcional: es una obligación estructural.