La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Gobierno de Sánchez, destinará un millón de euros al Banco Interamericano de Desarrollo con el objetivo de impulsar proyectos para la gestión y el aprovechamiento sostenible del sargazo en América Latina y el Caribe. Esta macroalga, cuya proliferación en la región se ha disparado en los últimos años, es considerada una amenaza para el medio ambiente, la economía local y la salud pública.

La decisión ha generado malestar en numerosos municipios del litoral andaluz, que denuncian la falta de apoyo estatal frente a la expansión del alga asiática en sus playas. Este organismo invasor, presente desde 2015, ha provocado importantes daños ecológicos y económicos en distintas zonas de la costa, sin que hasta el momento exista una línea de financiación específica del Gobierno central para su retirada.

El asunto ha llegado al Congreso de los Diputados, donde el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una iniciativa para exigir explicaciones al Ejecutivo. Los diputados plantean por qué se financia la limpieza de algas en el Caribe mientras no se habilitan ayudas para los municipios afectados en Andalucía, y reclaman la creación de un fondo estatal para combatir especies invasoras. También proponen que los ayuntamientos puedan emplear el superávit de 2025 en actuaciones de recuperación del litoral ante la ausencia de recursos extraordinarios.

Desde su aparición en la Bahía de Algeciras hace una década, la denominada alga asiática ha ido extendiéndose desde el Campo de Gibraltar y la Costa de la Luz hacia el este. En los últimos años ha alcanzado ya la Costa del Sol, con una incidencia creciente en municipios como Mijas. La expansión se atribuye a corrientes marinas y al tráfico marítimo, y se sospecha que su llegada inicial estuvo vinculada a la limpieza de un buque mercante.

Los consistorios se enfrentan a elevados costes para retirar los restos que llegan a la orilla, ya que la limpieza de las playas es una competencia municipal. Además del gasto directo, denuncian el impacto sobre el turismo, la pesca y la imagen del litoral. La presencia de estas algas genera malos olores, incomodidad para el baño y pérdida de atractivo, factores que afectan a la economía local.

El Ayuntamiento de Mijas, considerado el punto más avanzado de la expansión hacia el este, ha destinado entre 2024 y 2025 cerca de 1,2 millones de euros de fondos propios para estas tareas. Sólo en 2025 se retiraron más de 2.600 toneladas, y se prevé que la cifra aumente en 2026. Desde el consistorio advierten del esfuerzo presupuestario que supone esta situación y de los perjuicios para empresas, pescadores y el sector turístico.

En Marbella, otro de los municipios afectados, el gasto también se ha disparado. En los dos primeros meses de 2026 se han invertido más de 500.000 euros en la retirada de algas. El año anterior se superaron las 4.600 toneladas recogidas, con una inversión que rondó el millón de euros. Solo en un día de febrero de este año se retiraron más de 300 toneladas en una de sus playas.

La lucha contra esta especie no es nueva. Los ayuntamientos de Cádiz llevan una década reclamando apoyo estatal. En 2022, la Federación Española de Municipios y Provincias solicitó la puesta en marcha de un plan nacional de ayudas para afrontar los sobrecostes de limpieza, pero hasta ahora no se ha materializado.

Mientras tanto, otras administraciones han impulsado medidas parciales. La Diputación de Cádiz mantiene una línea de financiación para los municipios, con más de un millón de euros en 2025, y la Junta de Andalucía ha habilitado partidas para pescadores y proyectos de recuperación del litoral. También ha promovido estudios para valorizar la biomasa, en un intento de convertir el problema en una oportunidad económica.

El contraste entre la financiación destinada a combatir el sargazo en el Caribe y la ausencia de un plan estatal específico en Andalucía ha reavivado el debate sobre el reparto de recursos y la estrategia frente a especies invasoras que afectan a distintos territorios. Municipios costeros y sectores económicos insisten en que la magnitud del problema exige una respuesta coordinada y sostenida en el tiempo.