El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, otorgó una subvención de 63.250.000,00 euros a la Fundación Cibervoluntarios en diciembre del año 2023 para formar a niños y adolescentes del mundo periodístico en base a principios ideológicos beneficiosos para hacer mella en redes sociales.
Su presidenta y CEO, Yolanda Rueda, es una fiel defensora de la Agenda 2030, como bien transmite en su biografía de X (antes Twitter), y recibió el dinero de la mano de Ione Belarra «a dedo» y con el Gobierno en funciones. Además, las ayudas no se sometieron a concurrencia competitiva porque «es complejo convencer» a estos colectivos y, a juicio del ministerio, no todas las asociaciones saben hacerlo.
Marcados por una hoja de ruta similar a la compartida por la UNESCO, órgano con el que han sellado varios acuerdos, tienen claros los pasos a seguir para lograr una información que plante cara a «la crisis ambiental», promueva la seguridad de los «periodistas ambientales», desarrolle un enfoque integral que aborde las amenazas de la «desinformación» y promueva sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.
Cuentan con 3.800 personas cibervoluntarias y la colaboración con más de 2.100 entidades y organizaciones en toda España.
Fuentes jurídicas señalaron que el Gobierno «no aportó datos concretos» para justificar que no existiese un mercado suficiente de entidades capaces de concurrir competitivamente, en relación a las doce elegidas por Ione Belarra para conceder subvenciones millonarias. «Afirman, sin ninguna evidencia, que no hay suficientes organizaciones para optar a estas subvenciones y, en consecuencia, se reservan el derecho de seleccionar directamente a las entidades que recibirán los fondos europeos», analizaron. Este enfoque, según dichas fuentes, contravino los principios establecidos en la Ley General de Subvenciones, que promueve la concurrencia abierta y la transparencia.
Asimismo, el Ejecutivo optó por no someter el decreto a información pública para evitar posibles críticas, algo que fue interpretado como un intento de limitar el debate y la oposición a una adjudicación directa. «Es evidente que no desean opiniones contrarias al reparto discrecional de estos fondos», apuntaron los analistas.
La polémica se centra en la ausencia de datos que respalden las decisiones adoptadas y en la percepción de que el Gobierno estaría priorizando la adjudicación a entidades seleccionadas de antemano con afinidad ideológica. Esto generó preocupaciones sobre la adecuada gestión y distribución de los fondos públicos, especialmente en un contexto donde la transparencia es clave para garantizar la confianza ciudadana.
