El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ya se plantea la posibilidad de imputar al PSOE como persona jurídica por un presunto delito de organización criminal, dentro de la investigación que dirige sobre la denominada trama Sepi. Según ha avanzado el periodista Miguel Ángel Pérez, el magistrado estaría analizando el encaje jurídico necesario para adoptar una decisión de ese alcance.
La causa investiga a varias personas por distintos delitos. Entre ellas figuran el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver. De acuerdo con la investigación, las diligencias abarcan presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado. Asimismo, también están siendo investigados el abogado Jacobo Teijelo Casanova y el guardia civil Juan Sánchez Yepes por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y actuaciones contra las instituciones del Estado.
Según las fuentes jurídicas citadas por el texto original, uno de los elementos que apuntaría hacia una posible investigación del propio partido sería el auto mediante el que el juez autorizó la entrada y registro en la sede socialista de la calle Ferraz el pasado 27 de mayo. En ese contexto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó al PSOE la entrega de su Programa de Cumplimiento Normativo o programa de compliance.
Las mismas fuentes sostienen que esa petición constituye un paso habitual cuando se estudia una eventual responsabilidad penal de una persona jurídica. Explican que, para que una organización pueda ser investigada por un presunto delito de organización criminal, debe existir la sospecha de que la actividad investigada se desarrolló en beneficio de la entidad o utilizando su propia estructura organizativa.
El texto añade que el instructor ya habría dirigido parte de sus pesquisas hacia antiguos y actuales responsables del partido, entre ellos Santos Cerdán y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, mientras continúa evaluando la documentación incorporada al procedimiento.
Siempre según las fuentes citadas en la información original, el magistrado estaría estudiando la base jurídica que permitiría extender la investigación al propio Partido Socialista como persona jurídica, una decisión que, de adoptarse, dependería de la valoración de los indicios y de la evolución de la instrucción judicial.
