El Gobierno de Pedro Sánchez, que presume de defender los Derechos Humanos, prevé destinar más de 180 millones de euros a Senegal en el marco de un nuevo acuerdo de cooperación firmado coincidiendo con la visita oficial a España de su presidente, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
El Ejecutivo español ha rubricado un nuevo Marco de Asociación País para el periodo 2026-2030, cuya dotación económica superará ampliamente la del anterior programa, que rondaba los 128 millones de euros. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores explican que este incremento responde al interés de España en reforzar sus vínculos con el país africano y apoyar su estrategia de desarrollo a largo plazo.
La firma del acuerdo se ha producido durante el encuentro entre el ministro José Manuel Albares y su homólogo senegalés, Cheikh Niang. A través de sus redes sociales, Albares destacó la «excelente relación» entre ambos países y subrayó que Senegal es considerado un socio prioritario para España en el continente africano.
Sin embargo, la visita ha generado controversia debido a que se produce apenas dos semanas después de que Senegal haya endurecido su legislación contra la homosexualidad. La reforma eleva las penas de prisión hasta los diez años y aumenta las sanciones económicas, lo que ha suscitado críticas por la aparente contradicción entre la política exterior española y su discurso en materia de derechos.
En paralelo a la agenda institucional, la Casa Real acogerá un almuerzo en honor del mandatario africano en el Palacio Real. A diferencia de otras visitas de Estado recientes, no se ha previsto una ceremonia oficial con honores, sino un formato más discreto que incluirá un encuentro con el Rey y la posterior comida oficial.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá también una reunión con Faye al día siguiente, dentro de una visita que busca consolidar la cooperación bilateral en distintos ámbitos, tanto económicos como estratégicos.
Esta es la segunda ocasión en la que el líder senegalés viaja a España en los últimos meses, tras su participación en la conferencia internacional celebrada en Sevilla en junio de 2025.
El episodio ha reavivado el debate sobre la coherencia de la política exterior española, especialmente en lo relativo a la defensa de los derechos fundamentales frente a intereses diplomáticos y económicos.
