El Gobierno de Pedro Sánchez acelera la concesión del derecho a voto a los descendientes de emigrantes nacionalizados por la llamada Ley de Memoria Democrática. Los nuevos españoles podrán ser inscritos de forma automática en la matrícula consular, un trámite que implica su incorporación al Censo de Españoles Residentes Ausentes —CERA— y, por tanto, efectos directos sobre el censo electoral, según informa OK Diario.

Consulados como el de Buenos Aires, el que acumula un mayor volumen de expedientes de nacionalización, ya trabajan en la implantación de este nuevo sistema. La medida permitirá coordinar el alta consular con la concesión de la nacionalidad, de modo que los beneficiarios puedan quedar incorporados al registro sin tener que superar nuevas trabas administrativas.

Según los últimos datos actualizados hasta el 31 de marzo, 2,4 millones de personas habían solicitado la nacionalidad española por la conocida como Ley de Nietos, en vigor desde octubre de 2022. Los consulados tramitan ya 1,2 millones de expedientes, de los cuales se han aprobado 545.000 y se han practicado 306.500 inscripciones en el Registro Civil consular.

La intención del Ejecutivo es agilizar este último paso. El nuevo procedimiento se aplicará a todas las personas que adquieran la nacionalidad a partir de ahora, facilitando su inscripción inmediata en la matrícula consular.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reforzado además el personal de los consulados para atender la avalancha de expedientes. Desde la aprobación de la ley se han incorporado 2.000 personas y este año está prevista la contratación de otros 657 efectivos, destinados especialmente a la atención consular. También se han creado tres plazas de cónsules adjuntos.

El movimiento tiene una evidente dimensión política. La nacionalización masiva de descendientes de emigrantes no sólo amplía el número de ciudadanos españoles en el exterior, sino que puede modificar el peso del voto CERA de cara a futuras elecciones.

El PSOE fue la fuerza más votada en los cuatro comicios autonómicos celebrados desde diciembre entre los residentes en el exterior, lo que ha reforzado las críticas de la oposición sobre la intencionalidad política del Gobierno ante las próximas elecciones generales, previstas para el verano de 2027.

Aumentar la participación electoral de los españoles residentes fuera de España es uno de los grandes retos del socialismo. En las generales de 2008, la participación del voto exterior alcanzaba el 30%, pero tras la implantación del voto rogado se desplomó drásticamente. La eliminación de ese sistema mejoró las cifras en 2022, aunque sólo de forma moderada: en las generales de 2023 la participación se situó en torno al 10%.

Los socialistas han utilizado abiertamente la nacionalización de descendientes de emigrantes como una vía de movilización electoral. Días antes de las últimas elecciones generales, la entonces responsable del PSOE Exterior, Pilar Cancela —actual secretaria de Estado de Migraciones—, se reunió con españoles en Buenos Aires y les pidió votar, recordando que ese derecho era posible gracias al acceso a la nacionalidad impulsado por el Gobierno socialista.

La dirigente socialista sostuvo entonces que los descendientes de emigrantes «pueden votar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano en España» y añadió que eso había sido posible «gracias a este Gobierno».

La estrategia no se limita al plano electoral. El Ejecutivo prevé también un presupuesto de 8 millones de euros para recuperar una ayuda directa de entre 4.000 y 7.600 euros destinada a españoles en el exterior que quieran regresar a España y se encuentren en situación de «vulnerabilidad económica». Entre los posibles beneficiarios se incluyen los llamados nietos del exilio o descendientes de emigrantes ya nacionalizados y con derecho a voto.

La Ley de Memoria Democrática fue presentada como un instrumento de reparación para descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, una instrucción de 2022 permitió una interpretación mucho más amplia, hasta amparar a descendientes de emigrantes sin necesidad de acreditar una salida de España por razones políticas.