El Gobierno de Pedro Sánchez nacionaliza ya a más de 10.000 personas al mes al amparo de la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. Según los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el primer trimestre de 2026 quedaron inscritas 33.638 personas en los consulados españoles tras completar sus expedientes de ciudadanía.
La cifra marca por primera vez el ritmo real de nacionalizaciones abiertas por una norma que permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de españoles que aleguen vínculo con quienes sufrieron la Guerra Civil y la dictadura franquista. Si la tendencia se mantiene, el año podría cerrarse con unos 125.000 «nuevos españoles» incorporados por esta vía.
La inscripción consular no es un trámite menor. Quienes quedan registrados en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero —PERE— pasan a formar parte de la base desde la que se elabora el Censo Electoral de Españoles Ausentes —CERA—, utilizado en las elecciones generales y autonómicas. Es decir, el proceso tiene una derivada electoral directa.
Los datos forman parte del Balance de Actividad Consular en 2025 presentado este martes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante el Consejo de Ministros. El departamento destacó «la intensidad de los servicios prestados por la red consular española en 2025», con 390.752 pasaportes expedidos, 233.288 inscripciones en los registros civiles consulares y casi dos millones de visados tramitados.
En el caso específico de la ley de nietos, hasta el 31 de diciembre de 2025 la red consular había recibido 1.117.805 solicitudes de nacionalidad. De ellas, 510.532 habían sido aprobadas y 272.862 habían terminado en inscripción consular. Esta última cifra es la clave a efectos electorales, ya que sólo quienes completan esa inscripción pueden votar desde el exterior.
El propio Albares elevó esas cifras durante su visita oficial a México el pasado 29 de abril. Entonces aseguró que, a fecha de 31 de marzo de 2026, las oficinas consulares españolas habían recibido 1,2 millones de expedientes, habían aprobado 545.000 y habían practicado 306.500 inscripciones en el Registro Civil consular.
La diferencia entre los datos de cierre de 2025 y los de marzo de 2026 permite medir el ritmo del proceso: en sólo tres meses se aprobaron alrededor de 35.000 expedientes y se practicaron más de 33.000 inscripciones. En la práctica, más de 10.000 «nuevos españoles» al mes por esta vía.
La ley entró en vigor en octubre de 2022 y expiró el 31 de octubre de 2025 para iniciar nuevos trámites administrativos. Sin embargo, el volumen de expedientes aún en curso mantiene abierta una maquinaria consular de enormes dimensiones. Según Exteriores, hasta el 31 de marzo de 2026 unos 2,4 millones de personas habían manifestado interés en optar a la nacionalidad española, aunque sólo la mitad había entregado formalmente el expediente tras obtener cita previa.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reforzado su estructura exterior para asumir ese alud de solicitudes. En 2025 autorizó la contratación de 657 efectivos de personal laboral en el exterior, un 43% más que el año anterior. La mayor parte de esos contratos se destinó a funciones consulares, con especial atención a Argentina, Cuba y México, los tres países más afectados por la aplicación de la ley de Memoria Democrática.
Además, las tres plazas temporales de cónsul adjunto creadas en Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México pasaron a ser permanentes. Las oficinas consulares que más pasaportes expidieron el año pasado fueron Buenos Aires, con 39.540; La Habana, con 28.027; Ciudad de México, con 24.328; Caracas, con 16.353; Londres, con 13.617; Miami, con 12.189; Montevideo, con 12.064, y Rosario, con 11.042.
México refleja con claridad la dimensión del fenómeno. Hasta finales de marzo de 2026 se habían recibido allí 117.226 solicitudes de nacionalidad, casi 100.000 de ellas en el consulado de Ciudad de México. De esas peticiones, 53.597 habían sido aprobadas y 45.002 habían terminado en inscripción. Esas personas ya serían potenciales votantes en caso de convocatoria electoral.
La cifra total de 1,2 millones de solicitudes duplica los expedientes tramitados bajo la ley de Memoria Histórica aprobada durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En apenas tres años, la ley de nietos ha validado ya más expedientes que aquella norma, cuyas tramitaciones se extendieron entre 2008 y 2024.
El crecimiento también se refleja en el número total de españoles residentes fuera del país. A 1 de enero de 2026, residían en el extranjero 3,2 millones de españoles, unos 157.000 más que en la misma fecha del año anterior. Exteriores admite que el incremento se ha producido de forma «constante» en los últimos años por el efecto de la ley de nietos y los últimos expedientes derivados de la ley de Memoria Histórica.
El Gobierno aprobó el año pasado una partida de 100 millones de euros con cargo a fondos europeos para digitalizar los servicios consulares. Entre las medidas figura el despliegue del Registro Civil electrónico, el llamado Escritorio Único de Tramitación y la futura implantación de una nueva sede electrónica en 2026 para facilitar gestiones a distancia.
La operación consular impulsada por el Gobierno no sólo amplía de forma acelerada el número de españoles residentes en el exterior. También ensancha el cuerpo electoral fuera de España en un momento en el que el voto CERA puede resultar decisivo en circunscripciones ajustadas. La ley de Memoria Democrática, presentada como una medida de reparación histórica, se ha convertido así en una vía masiva de nacionalización con consecuencias políticas y electorales de primer orden.
