La agenda del presidente del Gobierno se queda hoy en blanco durante cuatro semanas y Pedro Sánchez no retomará su actividad oficial hasta el 25 de agosto, después de un último Consejo de Ministros en el que el Ejecutivo ha aprobado varias iniciativas de carácter social y ha dejado en suspenso una de las medidas que pretendía convertir en el cierre político del curso: el decreto sobre vivienda.
La principal ausencia de la reunión ha sido precisamente esa reforma del mercado del alquiler, que Moncloa confiaba en sacar adelante antes del parón estival. Sin embargo, la falta de apoyos parlamentarios ha obligado al Gobierno a aplazar la iniciativa hasta septiembre para evitar una nueva derrota en el Congreso.
El decreto incluía medidas como la congelación de los alquileres durante un periodo de dos años para quienes la solicitaran antes del 30 de junio de 2028, la equiparación de los contratos de alquiler por habitaciones a los de vivienda habitual, nuevos límites en las zonas tensionadas y diversas modificaciones fiscales dirigidas a los propietarios. Pese al acuerdo alcanzado inicialmente entre los socios del Ejecutivo, las diferencias con los grupos parlamentarios acabaron bloqueando definitivamente el texto.
Las discrepancias surgieron por las exigencias de distintas formaciones. Podemos reclamó retirar los artículos relacionados con la Ley del Suelo, mientras que el PNV defendió mantenerlos para dotar de mayor seguridad jurídica al urbanismo. A ello se sumaron las diferencias sobre las bonificaciones fiscales planteadas para satisfacer las demandas de Junts, lo que terminó haciendo imposible reunir una mayoría suficiente.
Frente a ese revés político, el Consejo de Ministros sí dio luz verde a la declaración de zonas gravemente afectadas por los incendios forestales registrados durante las últimas semanas, una figura que sustituye a la antigua declaración de zona catastrófica y que permitirá activar ayudas para viviendas dañadas, compensaciones por pérdida de enseres y subvenciones destinadas a reparar elementos comunes de edificios afectados.
Junto a esa medida, el Ejecutivo aprobó una nueva prestación extraordinaria destinada a trabajadores y empresas afectados por emergencias de gran magnitud. El mecanismo contempla la cobertura de las cotizaciones sociales y pretende proteger tanto a quienes no puedan acudir a su puesto de trabajo como a las empresas obligadas a paralizar temporalmente su actividad por una catástrofe.
El Gobierno también dio el visto bueno al proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, anunciado por Pedro Sánchez el pasado mes de febrero, así como a una norma destinada a reforzar la protección de los empleados que denuncien casos de corrupción o irregularidades dentro de sus empresas, impidiendo que puedan ser despedidos o sufrir represalias por esa circunstancia.
Mientras el presidente inicia sus vacaciones, en La Moncloa ya trabajan en la estrategia para el último tramo de la legislatura. Según fuentes del Ejecutivo, el calendario político de otoño estará marcado por una intensa agenda internacional, con citas como la Asamblea General de Naciones Unidas, la Cumbre Iberoamericana de Madrid, la COP31 y la reunión del G20, además del intento de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, aunque el propio Gobierno asume las dificultades para conseguir que prosperen en el Congreso.
En el Ejecutivo también manejan distintos escenarios sobre la fecha de las próximas elecciones generales. La opción que, según esas fuentes, cobra más fuerza pasa por una convocatoria entre febrero y marzo de 2027, descartando hacerlas coincidir con las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo. En ese contexto, el decreto de vivienda que finalmente no ha visto la luz este martes volverá previsiblemente al primer Consejo de Ministros de septiembre, ya dentro del nuevo calendario político del Gobierno.
