El Gobierno de Pedro Sánchez vació el fondo de emergencias antes de que comenzara la fase más crítica de la campaña de incendios forestales. Hasta la pasada semana, el Consejo de Ministros había autorizado la retirada de cerca de 4.300 millones de euros del Fondo de Contingencia, una cuantía que prácticamente agotó los recursos disponibles antes de los grandes fuegos registrados en Ávila, Madrid y Toledo.
Según las cifras oficiales, alrededor de tres cuartas partes del dinero extraído de esta reserva presupuestaria durante 2026 se destinó a gastos ajenos a catástrofes naturales o situaciones excepcionales. El Fondo de Contingencia nació precisamente para hacer frente a acontecimientos imprevisibles, pero su utilización se ha ido ampliando a otros fines que, en muchos casos, no guardan relación con emergencias.
La situación se produce en un contexto de bloqueo presupuestario. Al no haber conseguido sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo mantiene congelada desde 2023 la dotación inicial del Fondo de Contingencia, fijada en algo menos de 4.000 millones de euros. Sin embargo, el elevado ritmo de gasto obligó al Ministerio de Hacienda a incrementar la partida en aproximadamente 1.000 millones para impedir que quedara completamente agotada.
Diversos análisis sostienen que esta práctica responde a la dificultad del Gobierno para aprobar determinadas políticas de gasto en un Parlamento donde no dispone de mayoría suficiente. Al tratarse de un instrumento cuya utilización depende directamente del Consejo de Ministros, el Fondo de Contingencia permite financiar determinadas actuaciones sin necesidad de incorporar previamente esas partidas a unas nuevas cuentas públicas.
El ritmo de utilización de esta reserva también se ha acelerado. En lo que va de 2026, el Gobierno ya había aprobado más disposiciones de fondos que durante todo 2025, y lo hizo antes del periodo del año con mayor riesgo de incendios y de la llegada del otoño, cuando tradicionalmente aumentan las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos.
Esta circunstancia deja ahora al Ejecutivo sin apenas margen presupuestario para responder a nuevas emergencias mediante este mecanismo. En caso de que sea necesario financiar ayudas extraordinarias por incendios u otras catástrofes, el Gobierno deberá recurrir a ampliaciones de crédito o trasladar recursos desde otras partidas, además de buscar el respaldo del Congreso para determinadas medidas.
La AIReF ya advirtió sobre esta situación en informes publicados en 2025 y reiterados durante 2026. El organismo concluyó que una parte relevante del gasto sufragado con cargo al Fondo de Contingencia no respondía a necesidades realmente imprevisibles ni inaplazables, lo que, a su juicio, incrementa el riesgo de desviaciones presupuestarias y reduce la transparencia en la gestión de las cuentas públicas.
La institución también alertó de que emplear una parte significativa de esta reserva para cubrir gastos previsibles limita la capacidad de reacción cuando se produce una auténtica emergencia. Pese a esas recomendaciones, el Ejecutivo ha mantenido e incluso intensificado el recurso a este instrumento, mientras en los dos últimos años el Congreso ya tuvo que autorizar cerca de 10.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la dana que afectó a la Comunidad Valenciana.
