David Andina, Premio Nacional de Medicina y pediatra de Urgencias, desvela que detrás del colapso de las urgencias hospitalarias está la llegada masiva de pacientes extranjeros con enfermedades graves y la existencia de agencias que facilitan billetes e indicaciones para acceder a la sanidad pública española.
Cada semana, los servicios de urgencias de los principales hospitales de las grandes ciudades reciben a pacientes sin ningún vínculo previo con España que han sido diagnosticados de una enfermedad grave en su país de origen y que, directamente desde el aeropuerto, cogen un taxi o solicitan una ambulancia para acudir al hospital.
En unos casos se trata de una decisión individual del propio paciente, que compara el coste del billete de avión con el del tratamiento en su país. En otros, son los médicos de origen quienes les recomiendan tratarse en España. Además, existen «agencias» que se aprovechan de la situación para venderles el billete, indicaciones sobre qué hacer al llegar y recursos a los que pueden acceder para conseguir alojamiento.
Estos pacientes superan el control fronterizo y embarcan, en muchos casos con signos evidentes de enfermedad, sin que ninguna autoridad se lo impida. A su llegada acuden directamente al servicio de urgencias que les han indicado, normalmente de noche, cuando los médicos de guardia llevan ya más de 14 o 15 horas de trabajo.
Los servicios de urgencias, ya crónicamente saturados y con horas de espera y sin camas disponibles, deben desviar recursos para atender a estos pacientes graves no programados. Durante horas, uno de los pocos médicos de guardia se centra exclusivamente en ellos, desatendiendo al resto de pacientes y la supervisión de residentes. En ocasiones aportan informes escuetos; en otras, se les ha instruido para ocultar el diagnóstico, obligando a empezar de cero.
La mayoría requiere ingreso urgente y, posteriormente, pruebas, cirugías, seguimiento especializado y tratamientos que se prolongan meses o años (en algunos casos, un trasplante).
Hace años estos casos eran esporádicos y se limitaban sobre todo a niños con patología oncológica procedentes de Perú, que el sistema absorbía sin dificultad. En los últimos meses la situación ha cambiado radicalmente: ya no son sólo niños, sino también adultos; no sólo oncología, sino patologías neurológicas, endocrinológicas, digestivas, pulmonares o reumatológicas; no sólo personas sin recursos, sino también de clase acomodada; no sólo casos agudos graves, sino también crónicos complejos. Los países de origen se han multiplicado (Venezuela, Bolivia, Panamá, Colombia, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Honduras…). Ya no es un caso al mes: el mismo día pueden llegar a un mismo servicio de urgencias dos pacientes procedentes de vuelos distintos.
Andina señala que muchos médicos estarían dispuestos a colaborar, incluso en su tiempo libre, en la transferencia de conocimiento hacia los países de origen, mejorando protocolos y participando en programas multidisciplinares. España podría aportar tecnología para que los tratamientos se realicen en origen o plantear traslados programados de aquellos pacientes que realmente se beneficiarían.
Con la situación actual y la previsión de que el fenómeno siga creciendo de forma exponencial, la problemática resulta ya insostenible para muchos hospitales públicos y pronto lo será, si no lo es ya, para la sanidad pública en su conjunto. Las plantillas no están dimensionadas para este aumento de pacientes graves y tampoco existen recursos materiales y económicos suficientes.
Cada vez más personas que reciben el diagnóstico de una enfermedad grave en su país deciden desplazarse a España por coste, calidad, tiempos de espera o acceso a tratamientos, y cada vez parece más clara la existencia de circuitos informales bien definidos, permitidos o incluso facilitados desde los países de origen. Por ello, considera necesario analizar el fenómeno en profundidad, ponerle cifras y proponer soluciones distintas a las aplicadas hasta ahora, que han resultado claramente insuficientes.
