El Gobierno ha evitado aclarar en sede parlamentaria si el presunto espionaje mediante el software Pegasus fue tratado en reuniones bilaterales mantenidas con Marruecos durante la crisis diplomática abierta entre ambos países en 2021 y 2022. En una respuesta remitida al Congreso publicada por The Objective el Ejecutivo sostiene que esa cuestión “no forma parte de las relaciones bilaterales” entre España y el reino alauita, con el que mantiene, según señala, “una relación de vecindad y cooperación”.
La contestación responde a una batería de preguntas parlamentarias acerca de las informaciones publicadas sobre supuestos contactos entre emisarios españoles, marroquíes e israelíes para abordar las consecuencias derivadas del espionaje a miembros del Gobierno español. El Ejecutivo no confirma ni desmiente la existencia de esas conversaciones, limitándose a remarcar el marco de cooperación institucional existente entre ambos Estados.
El caso Pegasus salió a la luz públicamente el 2 de mayo de 2022, cuando el Gobierno reconoció que los teléfonos móviles del presidente, Pedro Sánchez, y de varios ministros habían sido infectados con el programa de espionaje de origen israelí. Posteriormente, la Audiencia Nacional abrió una investigación judicial que quedó archivada en enero de 2026 debido a la falta de colaboración internacional y a la imposibilidad de atribuir la autoría de los ataques.
Según las preguntas registradas por el principal partido de la oposición, el Gobierno debía precisar si el espionaje afectó a las relaciones diplomáticas con Marruecos y si ese asunto fue abordado en reuniones oficiales o informales. La respuesta parlamentaria evita entrar en detalles sobre posibles contactos mantenidos durante los meses de mayor tensión bilateral.
La crisis diplomática entre Madrid y Rabat se intensificó en 2021 tras la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico. Meses después, el Gobierno español modificó su posición histórica respecto al Sáhara Occidental y respaldó el plan de autonomía planteado por Marruecos como “la base más seria y realista” para resolver el conflicto.
