El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ampliar durante seis meses más la campaña institucional dirigida a jóvenes para promover «los valores de la democracia», una iniciativa impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tras un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según ese informe, uno de cada cuatro españoles menores de 35 años considera aceptable un régimen autoritario en determinadas circunstancias. En el entorno del PSOE esa tendencia suele vincularse con el crecimiento electoral de VOX entre los jóvenes.
La decisión supone la prolongación de una estrategia de comunicación que el Ejecutivo puso en marcha en septiembre de 2025 en el marco de los actos conmemorativos del quincuagésimo aniversario de la muerte de Francisco Franco, celebraciones que el Gobierno bautizó como «50 años de España en libertad».
El departamento que dirige el ministro Ángel Víctor Torres ha aprobado la ampliación del contrato firmado con la agencia Contrapunto BBDO, encargada del desarrollo de la campaña. La nueva fase supondrá un desembolso adicional de 5.648.760 euros, una cifra idéntica a la destinada al primer paquete de acciones publicitarias. En conjunto, el coste del servicio creativo —que incluye diseño, producción y desarrollo de contenidos— asciende ya a cerca de 11,3 millones de euros.
A esta cantidad hay que sumar el gasto destinado a la compra de espacios publicitarios en distintos medios. Según el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, el Ejecutivo prevé dedicar 1.997.889 euros a la difusión de estos mensajes en televisión, radio, prensa, revistas, internet, salas de cine y redes sociales durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 30 de junio de 2026.
La primera campaña, presentada en noviembre bajo el lema «La democracia es tu poder», se centró en un vídeo dirigido especialmente a los jóvenes en el que se enumeraban distintas libertades asociadas al sistema democrático. Entre ellas figuraban la posibilidad de opinar libremente, creer o no creer, abortar, divorciarse, casarse o defender distintas posiciones ideológicas.
En su presentación, el ministro Ángel Víctor Torres explicó el objetivo de la iniciativa con una formulación que generó polémica. «Queremos adoctrinar en democracia y en los valores de la democracia. Lo peligroso es adoctrinar en totalitarismo«, afirmó entonces. Según el ministro, la campaña busca invitar a una reflexión sobre lo que supone vivir en un sistema democrático frente a una dictadura, especialmente entre quienes no vivieron el periodo del franquismo.
La historiadora Carmen Gustrán, comisionada para los actos de «50 años de España en libertad», defendió en la memoria justificativa del proyecto la necesidad de impulsar esta iniciativa comunicativa. A su juicio, las nuevas generaciones han crecido sin conocer otro sistema político y resulta necesario recordar que los derechos actuales no siempre existieron y que podrían perderse.
Según argumentó, el objetivo es evitar que aumente el porcentaje de jóvenes que verían aceptable un régimen autoritario, algo que —según sostiene— podría poner en riesgo la convivencia, el mantenimiento del Estado del Bienestar o las políticas de igualdad.
En la documentación del proyecto, el Gobierno fija cuatro metas principales para la campaña: reforzar el compromiso con los valores democráticos, reconocer el papel de la sociedad en la construcción del sistema actual, concienciar sobre la importancia de proteger los derechos y libertades y fomentar la memoria democrática entre las generaciones más jóvenes.
Sin embargo, el propio diagnóstico del Ejecutivo sobre la juventud española ha generado discrepancias dentro del Gobierno. Este mismo martes, la vicepresidenta Yolanda Díaz rechazó la idea de que los jóvenes constituyan un bloque ideológico homogéneo de carácter reaccionario.
«No es verdad lo que se dice sobre la juventud en nuestro país», afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «El 75% de la juventud española no vota a la extrema derecha. No miremos el dedo, miremos la luna. La luna es ese 75% y no el 25%».
La ampliación de la campaña coincide además con una nueva asignación presupuestaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero. El Ejecutivo autorizó entonces una transferencia de 14,6 millones de euros al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para financiar los gastos asociados al Comisionado de los actos conmemorativos.
Según el Gobierno, a lo largo de 2025 se organizaron más de 600 actividades vinculadas a esta efeméride en todo el territorio nacional. Para 2026, el objetivo oficial es consolidar las líneas de trabajo iniciadas el año anterior y mantener las iniciativas destinadas a reforzar la llamada memoria democrática.
