El Gobierno de Pedro Sánchez prevé destinar más de 670 millones de euros al sistema de acogida de refugiados en España durante el periodo comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027. La estimación, que asciende exactamente a 670.458.917 euros, figura en una resolución del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado.

El desembolso se canalizará mediante el sistema de acción concertada, por el que organizaciones autorizadas asumirán la gestión de las plazas y los servicios financiados con dinero público.

Parte de los fondos podrá proceder de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus y del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Sin embargo, se trata igualmente de recursos públicos destinados a mantener una estructura de acogida cada vez más costosa y extensa.

Hasta 150 euros diarios por persona

La resolución establece diferentes tarifas en función de la fase del procedimiento y de las necesidades atribuidas a cada usuario. La fase inicial de valoración y derivación tendrá un coste de entre 51 y 55 euros por plaza y día.

La acogida estándar se pagará a las entidades gestoras con tarifas de entre 50 y 58 euros diarios, mientras que las plazas destinadas a personas consideradas vulnerables alcanzarán los 64 euros al día. En los casos clasificados como de «vulnerabilidad reforzada», el coste podrá elevarse hasta los 150 euros diarios por persona.

Esto equivale a unos 4.500 euros mensuales por plaza cuando se aplica la tarifa máxima. La fase de autonomía, destinada a quienes avanzan hacia su integración fuera de los centros, tendrá un precio de referencia de 37 euros por persona y día.

Un sistema protegido frente a nuevas llegadas

El Gobierno no se limita a fijar el gasto previsto para las plazas ya planificadas. La resolución incorpora mecanismos de flexibilidad presupuestaria de hasta un 15% adicional, destinados a ampliar la capacidad del sistema en caso de nuevas crisis migratorias o incrementos inesperados de las llegadas.

Este margen podría elevar todavía más la factura final si el Ejecutivo decide activar nuevas plazas o ampliar los servicios existentes.

La estructura queda así preparada para absorber nuevos flujos sin necesidad de rediseñar por completo el presupuesto, consolidando un modelo en el que las sucesivas emergencias migratorias terminan convertidas en gasto permanente.

Entidades privadas gestionarán las plazas

Las organizaciones autorizadas recibirán los fondos públicos a cambio de proporcionar alojamiento, manutención, atención social y otros servicios incluidos en las diferentes etapas del sistema. Las entidades que gestionen 100 plazas o más deberán reservar al menos un 2% de ellas para personas con problemas de movilidad.

La mitad de esas plazas deberá estar completamente adaptada y libre de barreras arquitectónicas. El modelo de acción concertada ha convertido a asociaciones, fundaciones y organizaciones especializadas en actores centrales de la política migratoria española. Estas entidades administran una parte sustancial de los recursos, mientras el Estado fija las tarifas y garantiza la financiación.

Más gasto mientras se agrava la presión sobre los servicios públicos

La partida se aprueba en un momento de fuerte presión sobre la vivienda, la sanidad, la educación y las ayudas sociales. Millones de españoles afrontan alquileres cada vez más elevados, listas de espera sanitarias y dificultades para acceder a prestaciones, mientras el Gobierno reserva cientos de millones para ampliar y sostener el sistema de acogida.

El Ejecutivo defiende estas políticas como una obligación humanitaria y una herramienta de integración. Sin embargo, sus críticos denuncian que la política migratoria carece de límites claros y genera un coste creciente que rara vez se presenta de forma completa a los contribuyentes.

La resolución del BOE pone cifra a esa apuesta: más de 670 millones de euros en sólo doce meses, con tarifas que pueden alcanzar los 150 euros por persona y día y una reserva presupuestaria adicional para asumir nuevas llegadas. El sistema de acogida deja así de responder a una emergencia puntual y se consolida como una infraestructura permanente, financiada por los contribuyentes y preparada para seguir creciendo.