
El Gobierno ha utilizado en al menos 22 ocasiones aeronaves oficiales del Grupo 45 con destino final a Suiza sin que conste una agenda pública que justifique esos desplazamientos. Así se desprende del análisis completo de los registros de vuelo realizado por The Objective, a partir de datos abiertos de navegación aérea, que vuelve a situar el uso de aviones del Estado en el centro del debate sobre la transparencia institucional.
Entre 2021 y 2025 se contabilizan 33 vuelos oficiales del Falcon a territorio suizo, según los registros accesibles en la plataforma Falcon Despega, una web que permite rastrear desplazamientos gubernamentales a partir de información aeronáutica pública. De ese total, 22 viajes —el 66,7%— carecen de información accesible sobre reuniones, actos institucionales o cometido oficial, mientras que sólo 11 aparecen clasificados como vuelos con uso de Gobierno, Casa Real o militar.
La proporción sitúa a Suiza como uno de los destinos con mayor déficit de transparencia en el empleo de aeronaves oficiales durante el último lustro, pese al elevado coste económico y simbólico que implica este tipo de desplazamientos.
La evolución temporal refuerza la singularidad del caso. En 2021 y 2022, el 100% de los vuelos oficiales a Suiza se realizaron sin agenda pública conocida, un patrón que sólo comienza a corregirse parcialmente a partir de 2023, cuando aparecen algunos desplazamientos con cometido declarado. Aun así, el balance acumulado mantiene al país helvético como un destino recurrente con un nivel de opacidad muy superior a la media.
El ligero descenso del número total de vuelos a partir de 2023 y el aumento, muy limitado, de desplazamientos con uso oficial declarado no alteran la conclusión central del análisis: durante buena parte del periodo, los viajes del Falcon a Suiza se realizaron sin una rendición de cuentas pública suficiente.
En términos comparativos, Suiza se consolida como el tercer destino no perteneciente a la Unión Europea de los aviones del Grupo 45, solo por detrás de Estados Unidos y República Dominicana. Marruecos, pese a la intensa agenda bilateral y a los asuntos estratégicos que vinculan a Madrid y Rabat, queda muy por debajo en número de visitas.
La posición de Suiza resulta especialmente relevante por tratarse de un país sin despliegues militares españoles conocidos ni un calendario estable de cumbres multilaterales que explique una frecuencia tan elevada de vuelos oficiales. Esta ausencia de justificación estructural acentúa el interrogante sobre la naturaleza de los desplazamientos.
El pico de vuelos sin agenda coincide con años de intensa actividad política y judicial en España, marcados por investigaciones por corrupción, tramas de intermediación y contactos internacionales sensibles. Durante ese mismo periodo se publicaron informaciones sobre reuniones políticas celebradas en territorio suizo con dirigentes independentistas huidos.
El solapamiento temporal no implica causalidad, pero sí refuerza la exigencia de explicaciones públicas detalladas sobre el uso de recursos oficiales en un contexto de máxima presión política y mediática.
El patrón suizo no constituye un caso aislado. República Dominicana, segundo destino extracomunitario del Falcon, acumula también decenas de vuelos oficiales sin agenda pública en el mismo intervalo, según los registros analizados. Ambos casos dibujan un mapa de desplazamientos reiterados hacia países clave fuera de la UE con déficits estructurales de información, especialmente en los años de mayor tensión política para el Ejecutivo.
La ausencia de una agenda oficial verificable no invalida la legalidad de los viajes ni presupone irregularidad alguna. Sin embargo, sí limita el control parlamentario, mediático y ciudadano sobre el uso de aeronaves del Estado. En la práctica, impide conocer el objetivo de los desplazamientos, los interlocutores implicados o los resultados institucionales obtenidos.
Desde el punto de vista de la transparencia, el caso de Suiza resulta especialmente sensible. El país helvético ha sido históricamente un espacio de mediación política, financiera y diplomática, con una cultura de confidencialidad que contrasta con los estándares de publicidad activa exigibles a las administraciones públicas españolas. Precisamente por ello, la reiteración de vuelos sin agenda oficial refuerza la necesidad de mayor claridad informativa.