Todos los ayuntamientos de España que tengan más de 5.000 habitantes deberán cobrar un nueva tasa de basuras por vivienda desde este jueves 10 de abril, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados. Aunque algunos municipios ya aplicaban gravámenes similares, a partir de ahora el cobro se vuelve obligatorio y será el propio consistorio quien determine los criterios y cuantías, lo que anticipa grandes diferencias de aplicación entre territorios.
Esta nueva medida ha provocado divisiones tanto entre partidos políticos como entre gobiernos municipales. Mientras algunos ven en ella un paso necesario para avanzar hacia una gestión más responsable de los residuos urbanos, otros critican la falta de uniformidad y el impacto económico que puede tener sobre los ciudadanos. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha mostrado su disconformidad con la normativa, calificándola de «deficiente» y advirtiendo de que abre la puerta a una aplicación arbitraria y desigual.
Según el marco legal actual, quien debe abonar esta tasa es quien ocupa el inmueble —ya sea propietario o inquilino— al ser considerado beneficiario del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Algunos ayuntamientos como el de Madrid han anunciado que comenzarán a enviar los recibos a partir de julio de este mismo año, mientras que otros están aún definiendo cómo implantarán el cobro.
El coste de esta tasa no está fijado a nivel nacional, sino que dependerá del municipio. Algunos utilizarán el consumo de agua como base para calcular el importe, otros el valor catastral de la vivienda, el número de residentes empadronados o incluso la zona en la que se encuentra el inmueble. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en aquellos lugares donde ya se aplica, el coste medio anual ronda los 80 euros, aunque hay grandes variaciones.
Una de las preocupaciones más señaladas es que la tasa resulte equitativa. Por ello, se están estudiando tarifas reducidas o bonificaciones para colectivos vulnerables, como personas desempleadas, jubilados con bajos ingresos, familias numerosas o personas con discapacidad. También se reclama un sistema sencillo y transparente, que no implique complicaciones innecesarias como el uso obligatorio de bolsas específicas o aplicaciones digitales poco accesibles.
Desde el punto de vista normativo, la ley se inspira en el principio de «quien contamina, paga», y busca alinear a España con los objetivos de reciclaje y reutilización fijados por la Unión Europea —pese a que Bruselas se desvinculó de esta medida y señaló al Gobierno de Sánchez como promotor—. Eso sí, para 2025, se exige que al menos el 55% de los residuos urbanos sean reciclados, meta que deberá alcanzar el 65% en 2035.
