Varias de las principales localidades de la región, desde Pozuelo hasta Getafe o de Fuenlabrada a Valdemoro, han comenzado a revelar en las últimas semanas las tarifas que cobrarán por la nueva tasa obligatoria de recogida de basura. Cada ayuntamiento está adaptando la medida a su manera, buscando que el impacto para los ciudadanos sea lo más leve posible. No existe un criterio homogéneo entre las ciudades. En el caso de Madrid, hasta este jueves, la tasa seguía siendo un misterio.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha desvelado finalmente que el coste del servicio de recogida de residuos se establecerá en base a dos factores: el valor catastral de cada vivienda, que representará el 81% de la tarifa, y la cantidad de residuos generados en cada barrio. En promedio, los residentes madrileños pagarán alrededor de 141 euros anuales, mientras que los locales comerciales deberán abonar hasta 310 euros. El importe será exigido al propietario del inmueble, quien podrá traspasar el costo al inquilino.
A partir del segundo trimestre de 2025, los madrileños recibirán la notificación de este nuevo impuesto, contando con un plazo de dos meses para abonarlo. En su primer año, el pago será único, pero desde 2026 se ofrecerá la posibilidad de fraccionarlo. Según ha detallado el alcalde durante una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, celebrada en el Palacio de Cibeles, estas tasas forman parte de las nuevas ordenanzas fiscales de 2025.
Este impuesto se deriva de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada en 2022 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La normativa obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa diferenciada que aplique el principio de «quien contamina, paga». El Gobierno decidió posponer la entrada en vigor de la medida hasta el último plazo permitido, que es abril de 2025, según explicó Engracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda.
El Ayuntamiento de Madrid espera recaudar unos 296 millones de euros con este nuevo impuesto, aunque a esa cifra se le restarán los 40 millones ya obtenidos a través de la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA). Por tanto, los ingresos netos para las arcas municipales en 2025 ascenderán a unos 256 millones.
Esta nueva tasa afectará a 1,7 millones de inmuebles en total, aunque existen excepciones. Los garajes y trasteros vinculados a una vivienda quedarán exentos, ya que no generan residuos. También estarán libres de la tasa los propietarios de solares o edificios en ruinas. En el caso de viviendas desocupadas y locales sin actividad, solo se pagará la tarifa básica correspondiente al servicio, siempre que se acredite su situación anualmente.