«Creemos que la medida conocida como Madrid Central ha perjudicado a los madrileños, al comercio y no ha mejorado la calidad del aire. Por eso, acabaremos con Madrid Central». Este era el párrafo que recogía el programa del PP en 2019 sobre Madrid Central, el proyecto de Manuela Carmena para restringir la libre circulación de vehículos por la capital que después el popular José Luis Martínez-Almeida mantuvo y amplió con Madrid 360.
Los populares pasaron del «con Almeida Madrid Central se acaba el 26 de mayo» en campaña al activismo climático. Ya no era «un experimento fallido y sin sentido (…), un arma de propaganda electoral».
La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) anunció la pasada semana pedirá al alcalde de Madrid la inmediata paralización en la tramitación de las multas impuestas por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la devolución de lo cobrado, que estima en más de 330 millones de euros (en 1,7 millones de multas), después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara las ZBE (tras un recurso de VOX) por una «patente insuficiencia» en el informe de impacto económico.
Las restricciones, las prohibiciones y el afán recaudatorio han generado consecuencias negativas en los transportistas, los autónomos, los comerciantes, los hosteleros, etc. Pero el Ayuntamiento no devolverá las multas (de momento) y anunció que recurrirá la sentencia… El PP recibió el aplauso de la izquierda.
«Era una obligación recurrir porque está en juego la salud de millones de personas. Recurriendo esta sentencia el alcalde (…) hace lo que tiene que hacer, ni más ni menos, porque Madrid no puede retroceder ni un milímetro en materia de sostenibilidad y movilidad», señaló en un comunicado la concejal de la extrema izquierda (Más Madrid) Esther Gómez. Más Madrid tendió la mano al Gobierno municipal para que «las cosas se hagan ahora bien y para que no se dé ni un paso atrás en la protección de la salud y el medio ambiente de la ciudad».
La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha afirmado este lunes que el Ayuntamiento tratará de justificar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ante el Tribunal Supremo ensalzando una estrategia de movilidad, Madrid 360, que «está funcionando».
Sanz defendió las restricciones y consideró que debían tomar estas medidas «en un momento en el que la ciudad de Madrid sistemáticamente había incumplido todos y cada uno de los años la directiva europea de calidad al aire». «Desde hace dos años estamos cumpliendo y estamos cumpliendo porque esa estrategia ha sido un éxito», ha insistido.
Madrid cuenta hoy con la Zona de Bajas Emisiones más extensa de Europa y el plan que contempla el PP es que el próximo 1 de enero entren en vigor más restricciones que dejarán sin poder entrar en la capital a 1,2 millones de coches (unos ocho en toda España). Así, la inmensa mayoría de los vehículos sin distintivo ambiental no podrán circular por Madrid (estén empadronados o no).
