Cinco meses después de que el Tribunal Supremo ordenara al Ejecutivo hacerse cargo de más de mil menores inmigrantes ilegales llegados a Canarias, el Gobierno de Pedro Sánchez iniciará este lunes, 11 de agosto, su traslado a la Península.

La operación arranca entre la opacidad y las rectificaciones. El Gobierno de Canarias exigió más información sobre la primera derivación, denunciando que la orden estatal no especificaba la fecha exacta, el acompañamiento ni el número real de trasladados. Finalmente serán 10 y no 8 como se había anunciado.

El plan pactado en reuniones interadministrativas contempla traslados semanales a recursos pequeños de titularidad estatal, repartidos por todo el territorio. Según el Ministerio de Migraciones, se priorizará “el interés superior del menor” y se atenderá a perfiles “altamente vulnerables”, procedentes en su mayoría de Malí y entre los que hay niñas y adolescentes.

La entidad Engloba realiza las valoraciones individualizadas junto al Ministerio Fiscal para seleccionar a los menores que serán enviados a la Península. En semanas anteriores ya se habían derivado 141 menores al centro Canarias 50 de Las Palmas, siguiendo listados del Gobierno autonómico.

El Consejo de Ministros aprobó 40 millones de euros para crear 1.200 plazas en la Península, de las que 750 corresponden al Ministerio de Migraciones. La directora general de Infancia de Canarias, Sandra Rodríguez, aseguró que el Estado hará dos derivaciones semanales de entre 15 y 20 menores, salvo la primera, que será de ocho, y confirmó que el centro de Pozuelo de Alarcón no se utilizará en este plan.