España se ha convertido en el país con más fondos europeos Next Generation bloqueados por la Comisión Europea debido al incumplimiento de los hitos y objetivos pactados con Bruselas. En total, el Ejecutivo de Pedro Sánchez acumula 1.285 millones de euros retenidos, de los cuales 1.127 millones permanecen suspendidos desde julio de 2025 por tres compromisos que el Gobierno no ha ejecutado en tiempo y forma.

Los fondos retenidos responden a incumplimientos estructurales en materias clave exigidas por la Unión Europea. En concreto, Bruselas ha sancionado a España por no aprobar la equiparación fiscal del diésel con la gasolina (460 millones de euros), por no garantizar la reducción de la temporalidad en el empleo público por debajo del 8% (627 millones) y por retrasos en la digitalización de administraciones regionales y locales (40 millones).

A estos bloqueos se suman otros 158 millones retenidos previamente por deficiencias en la digitalización de pymes, que la Comisión acabó desbloqueando tras conceder a España un plazo adicional. Sin embargo, el grueso de los fondos continúa congelado y corre el riesgo de convertirse en pérdida definitiva si el Ejecutivo no corrige los incumplimientos en los próximos meses.

España encabeza así el ranking europeo de países sancionados por mala ejecución de los fondos comunitarios, por delante de Rumanía, Portugal o Italia. Según datos oficiales, al menos diez Estados miembros han sufrido suspensiones parciales, pero ninguno acumula un volumen de fondos bloqueados tan elevado como España.

Desde Bruselas recuerdan que los Estados tienen dos vías para evitar sanciones: retrasar las solicitudes de pago o modificar los planes mediante adendas. El Gobierno español ha optado por esta última fórmula, renunciando a hasta 60.000 millones de euros en préstamos para intentar asegurar las transferencias no reembolsables. Aun así, la Comisión advierte de que no todos los hitos son negociables y que pedir desembolsos sin cumplirlos conlleva suspensiones automáticas.

Uno de los aspectos más graves del caso español es la retirada retroactiva de fondos ya concedidos, algo inédito hasta ahora en el marco del plan Next Generation. Bruselas decidió en julio retirar 627 millones de euros tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que cuestionó la normativa española sobre temporalidad en el sector público, pese a que el hito había sido validado años atrás.

La Comisión Europea ha dado al Ejecutivo un plazo de seis meses para corregir estos incumplimientos. De no hacerlo, los fondos suspendidos se perderán definitivamente. Mientras tanto, el Gobierno aún debe solicitar 25.000 millones de euros en transferencias y otros 7.000 millones en préstamos, en un contexto marcado por la debilidad parlamentaria, el retraso en las inversiones y el creciente escepticismo de Bruselas sobre la capacidad del Ejecutivo para cumplir sus compromisos.

El bloqueo de fondos europeos refuerza la imagen de desgobierno, improvisación y pérdida de credibilidad internacional de un Ejecutivo que prometió convertir los fondos Next Generation en el motor de la recuperación y que hoy lidera, sin embargo, el listado de incumplidores en la Unión Europea.