El teniente coronel Antonio Balas, figura clave de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y responsable directo de la investigación del caso Ábalos, que examina al exministro de Pedro Sánchez y a varios ex altos cargos del Gobierno por presunto cobro de comisiones en la compraventa de mascarillas durante la pandemia, se encuentra a punto de ser ascendido. Fuentes del Instituto Armado confirman que su promoción a coronel está prevista para los próximos meses. Pero detrás de lo que podría parecer un reconocimiento a su impecable trayectoria, en el seno de la Guardia Civil crece la sospecha de que el Gobierno pretende apartarlo de un caso que amenaza con salpicar al núcleo duro del PSOE. “El Ejecutivo está deseando que ascienda para quitárselo de encima”, advierten mandos del cuerpo, que ven en esta decisión una maniobra política para rebajar la presión sobre los implicados, según revela The Objective.

El proceso de evaluación de Balas se pondrá en marcha entre enero y mayo del próximo año, y su ascenso formal llegará a partir de julio. Su expediente, uno de los mejores, prácticamente garantiza su promoción. Sin embargo, la coincidencia con el avance de la investigación del caso Ábalos ha levantado recelos. La UCO, bajo su mando, mantiene la lupa sobre el exministro socialista José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización Santos Cerdán y personas del entorno más próximo al presidente del Gobierno, como su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

La investigación dirigida por Balas ha destapado un presunto entramado de mordidas ilegales en contratos de mascarillas firmados durante la pandemia, un negocio millonario que se gestó bajo el paraguas de la urgencia sanitaria. Los informes elaborados por su equipo han sido determinantes para avanzar en la instrucción judicial, y aún quedan documentos por salir a la luz que podrían implicar a más responsables, entre ellos el exministro Ángel Víctor Torres. Dentro de la Guardia Civil pocos dudan: el ascenso de Balas no es casual, sino una operación cuidadosamente calculada para apartar a un investigador cuya independencia ha resultado incómoda para el Ejecutivo.

El movimiento en torno a Balas se enmarca en una reestructuración más amplia impulsada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la cúpula de la UCO. El actual jefe de la unidad, el coronel Rafael Vicente Yuste, se prepara para ascender a general de brigada, lo que abrirá una vacante clave. El nombre que suena con más fuerza para ocupar el puesto es el de la teniente coronel María Dolores Gimeno Durán, actual asesora de Marlaska y una de sus personas de mayor confianza. Gimeno Durán fue la primera comandante en cursar el Estado Mayor, ascendió en 2018 y dirigió el Área de Mujeres e Igualdad antes de asumir el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial. Su ascenso a coronel, previsto para marzo, la convertiría en la primera mujer en alcanzar ese rango en la Guardia Civil, aunque su nombramiento se produce en un contexto marcado por el recelo interno y la sospecha de injerencias políticas.

Fuentes del cuerpo alertan de que el Ejecutivo busca ganar control sobre la UCO justo cuando esta tiene en el punto de mira a figuras clave del PSOE. “Si creen que con estos movimientos van a frenar el caso Koldo, se equivocan”, advierte un alto mando de la Guardia Civil. La investigación, explican, está demasiado avanzada como para ser detenida por un cambio en la cúpula.

La incomodidad del Ejecutivo con Balas no es nueva. La llamada “fontanera” del PSOE, Leire Díez, lo dejó claro en unas grabaciones que sacudieron los cimientos de la Guardia Civil. “A Balas le quiero muerto”, llegó a decir, antes de matizar que se refería a una “muerte civil”. En una conversación con el empresario Alejandro Hamlyn, presidente de Hafesa, también salpicado por la trama, fue más explícita: “Si Balas está muerto, mejor. Este señor se ha convertido en el verdugo de todos nosotros”.