Una fontanera de Moncloa y el PSOE, María Leire Díez Castro, se reunió en febrero con un investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, actual jefe del área de delitos económicos de la UCO. La conversación, celebrada por videollamada, tenía como finalidad obtener material sensible que pudiera comprometer la posición del mando policial que dirige varias investigaciones de alto voltaje político, incluyendo las que afectan a familiares directos del presidente del Gobierno y al entorno socialista.
En el encuentro participaron, además de Díez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset —relacionado con Ferraz y procesado por un caso de fraude en subvenciones—, el abogado Jacobo Teijelo, y el industrial Alejandro Hamlym, conocido por haber sido arrestado en 2019 durante la operación Drake, vinculada a un fraude masivo en la comercialización de carburantes.
Aunque a simple vista la reunión parecía centrarse en los problemas judiciales de Hamlym, en realidad el propósito principal era otro: derribar a Balas. Durante la conversación, Díez expresó sin rodeos su animadversión hacia el teniente coronel, a quien acusó de tener a todos «como presos y carceleros suyos». Hamlym, por su parte, insinuó que tenía pruebas que demostrarían haber sido víctima de una supuesta red corrupta dentro de la Benemérita.
La intervención más reveladora fue la de Pérez Dolset, quien señaló que bastaría con «una o dos irregularidades claras» para dañar la credibilidad de Balas. El empresario Hamlym, subiendo la apuesta, respondió: «Con una cosa que te dé, ya está, está muerto». La idea era simple: un solo elemento incriminatorio bastaría para apartar al jefe de la UCO de las investigaciones que están incomodando al Ejecutivo.
Pese al tono conspirativo de la reunión, la operación no prosperó. Hamlym reclamaba garantías: pidió por escrito algún tipo de compromiso de que colaborar con el PSOE le reportaría beneficios legales. Aunque llegó a mencionar que podía aportar datos que implicaban a altos cargos de la UCO en actividades ilícitas, como el supuesto tráfico de cocaína en contenedores, finalmente no entregó prueba alguna ni volvió a mantener contacto con los presentes.
Según El Confidencial, medio que destapó el contenido del encuentro, Leire Díez llevaba más de un año recopilando información sobre personas e instituciones consideradas hostiles por el entorno gubernamental. Su figura, muy cercana al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha consolidado como uno de los peones clave en las maniobras internas del partido.
