«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La compañía percibió algo más de 4.000 euros de Correos por el traslado inicial de la documentación

Una empresa vinculada a la trama de Zapatero gestionó el voto por correo de los españoles en Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero. Redes sociales

Una empresa vinculada operativamente a la aerolínea Plus Ultra participó en el envío a Venezuela de material electoral apenas semanas después de que el Gobierno aprobara el rescate público de la compañía. El 7 de abril de 2021 despegó desde Barajas un vuelo con documentación del censo de españoles residentes en ese país, al que seguiría otro el día 21 con papeletas y certificados para los comicios autonómicos madrileños del 4 de mayo.

Ese encargo fue gestionado por una firma del grupo Summerwind, agente de carga que trabajaba con la aerolínea. La compañía percibió algo más de 4.000 euros de Correos por el traslado inicial de la documentación. En aquel momento, la empresa pública estaba presidida por Juan Manuel Serrano, considerado cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y adjudicó a Summerwind GSA Cargo el contrato de logística del voto por correo en territorio venezolano.

Años después, el nombre de Summer Wind SL ha reaparecido en el foco judicial. El magistrado José Luis Calama, instructor en la Audiencia Nacional, incluye esta sociedad en el procedimiento en el que figura como investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según el auto, la mercantil habría formado parte de un entramado estable orientado, presuntamente, a influir en decisiones públicas y canalizar fondos en beneficio de Plus Ultra.

La resolución judicial describe el uso de distintas sociedades como piezas interpuestas para mover dinero y dificultar su trazabilidad. Entre ellas sitúa a Summer Wind y a Caletón Consultores, esta última con supuestos vínculos con ciudadanos venezolanos. El juez sostiene que estas estructuras evidencian una operativa de triangulación de pagos, con administradores que habrían actuado como testaferros.

Dentro de ese esquema, Summer Wind habría desempeñado un papel relevante en la justificación de movimientos económicos mediante contratos y facturación elaborados a medida. La investigación apunta a que la sociedad recibió cerca de cuatro millones de euros procedentes de Plus Ultra y realizó transferencias a Afitta SL por más de 200.000 euros. Esta última firma es vinculada por el juez a Julio Martínez Martínez, a quien conecta con el entorno de Zapatero.

Parte de la base probatoria se sustenta en documentación localizada en dispositivos intervenidos. En el teléfono de Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, los agentes hallaron justificantes de pagos entre Summer Wind y Afitta, así como un contrato firmado en julio de 2023 relativo a servicios de asesoramiento en operaciones aeronáuticas.

Las comunicaciones intervenidas también revelan conversaciones sobre la emisión y modificación de facturas. En varios mensajes, distintos interlocutores debaten sobre importes, conceptos y fechas de documentos vinculados a pagos. En ese intercambio aparece Federico Lledó Soria, quien figura en el Registro Mercantil como apoderado de Summer Wind hasta 2023, año en que María Elena Lledó Gómez asumió la administración única de la sociedad.

Entre los mensajes analizados, destaca uno en el que se consulta el concepto de una factura superior a 200.000 euros canalizada a través de Afitta, así como otro en el que se confirma el abono de más de 50.000 euros. También se detectan referencias a la posibilidad de modificar descripciones de facturas en función de su tratamiento fiscal y a la necesidad de remitir documentación a responsables de la propia Summer Wind.

El auto incorpora igualmente conversaciones que apuntan a la implicación de accionistas vinculados a la aerolínea. En concreto, se menciona a Aurora López, esposa del empresario venezolano Rodolfo Reyes, quien fue uno de los principales accionistas de Plus Ultra hasta 2025. En esos intercambios se detallan cantidades y periodos de facturación, y se refleja la preocupación por realizar determinados pagos debido a la implicación de Reyes en la operativa.

A partir de estos elementos, el juez concluye que las operaciones detectadas carecerían de una finalidad económica real independiente. Según la resolución, tanto la documentación como los mensajes intervenidos apuntan a un sistema diseñado para dar apariencia formal a transferencias de fondos entre distintas sociedades, mediante contratos y facturas confeccionados específicamente para ese propósito.

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