Cientos de agricultores y ganaderos han recorrido las calles de Valladolid para lanzar un «SOS» ante la situación crítica del campo en Castilla y León, una región históricamente considerada el granero de España y que, según advierten las organizaciones agrarias, corre el riesgo de convertirse en un «desierto» si no se adoptan medidas urgentes.
La movilización, convocada de forma conjunta por Asaja, UCCL, UPA y COAG, partió de la plaza Zorrilla y recorrió varias calles de la ciudad hasta la Delegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura. Los manifestantes reclamaron soluciones coyunturales y estructurales frente a una crisis marcada por la subida de los costes de producción, la caída de los precios y la falta de rentabilidad.
La protesta estuvo encabezada por una pancarta con el lema «De cabeza a la ruina. Soluciones para el campo» y precedida por cuatro tractores, uno por cada organización convocante. Durante el recorrido se escucharon gritos contra la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, en un ambiente de creciente hartazgo por las políticas agrarias de Bruselas y del Gobierno.
El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, alertó de la «ruina» que amenaza al sector en vísperas de la cosecha de cereal. La comunidad cuenta este año con 1,6 millones de hectáreas sembradas, un 20% menos de lo habitual, y las previsiones apuntan a una cosecha media de unos 5,5 millones de toneladas, un 40% inferior a la del año pasado.
Dujo señaló como causas principales la subida «vergonzosa» de los carburantes y fertilizantes, que ha obligado a muchos agricultores a sembrar menos, abonar menos y reducir labores. Según sus cálculos, la situación provocará pérdidas de unos 300 millones de euros en el campo de Castilla y León.
«Trabajando nos arruinamos y esta situación no se puede mantener en el tiempo porque Castilla y León pasa de ser el granero de España a ser un desierto en España», advirtió el dirigente agrario, que avisó de que las movilizaciones continuarán si no llegan respuestas.
El sector denuncia que este año ni siquiera las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) permitirán sostener las explotaciones. Según Asaja, si el año pasado la PAC aún podía quedar como ingreso neto, este ejercicio tendrá que destinarse directamente a cubrir gastos de producción. La subida de costes es demoledora: los fertilizantes han pasado de 300 a 800 euros, el gasóleo de 0,80 a entre 1,30 y 1,40 euros, mientras el precio del cereal cae por la importación masiva procedente de Ucrania hasta situarse en torno a 190 euros por tonelada.
Las organizaciones agrarias reclaman un cambio profundo en las políticas productivas de España y de la Unión Europea. Piden potenciar la producción, permitir que suba el cereal, reducir los costes y aprobar ayudas directas europeas, estatales y autonómicas. Consideran que las ayudas concedidas hasta ahora por el Gobierno son «insuficientes».
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín describió una situación «absolutamente desesperada». Según explicó, el incremento del 40% en fertilizantes y gasóleo supone unos 40.000 euros más que el año pasado para una explotación media de 200 hectáreas de cereal, lo que anticipa pérdidas generalizadas.
El dirigente agrario reclamó además una ley «anti-especulación», al denunciar que mientras los agricultores se arruinan, otros sectores se están enriqueciendo con la crisis. También pidió un acuerdo a lo largo de toda la cadena de valor para impedir operaciones por debajo de los costes de producción.
COAG Castilla y León advirtió de que el campo no atraviesa una crisis más, sino una situación crítica tras varios años de sequía y precios que no cubren costes. Su coordinador, Lorenzo Rivera, alertó de que Castilla y León podría dejar de ser el granero de España en dos o tres años si no se toman medidas drásticas y rápidas.
Rivera cifró las pérdidas del año pasado entre maíz y cereales en 500 y 600 millones de euros. Además, explicó que esta campaña muchos agricultores han aplicado el llamado «triple cero»: no echar abono, no utilizar fitosanitarios o reducir al mínimo las labores, lo que puede recortar la producción en torno a un 30%.
Las organizaciones agrarias reclaman ayudas a todas las administraciones. Piden que se prorroguen y amplíen las del Gobierno central, que la Junta de Castilla y León las complemente y que se pongan sobre la mesa medidas directas. Pero advierten de que las ayudas coyunturales no bastan si no se afronta el problema estructural: producir en España se ha vuelto cada vez más caro mientras los precios en origen siguen hundidos.
UPA Castilla y León también denunció el abandono del campo por parte de las administraciones. Su coordinador, Aurelio González, afirmó que los agricultores no se manifiestan «por gusto», sino «por obligación», y recordó que el corazón de Castilla y León son sus cereales y sus campos.
González exigió ampliar las ayudas del Ejecutivo central y reprochó al Gobierno autonómico que no haya puesto todavía ninguna ayuda concreta sobre la mesa. También reclamó intervenir los costes de los abonos o establecer un precio social del gasóleo agrícola, al recordar que los agricultores no utilizan ese combustible para irse de vacaciones, sino para trabajar y producir alimentos.
