Los agricultores españoles afrontan una campaña cerealista marcada por el aumento descontrolado de costes y unos precios de venta que no cubren los gastos, una combinación que, según denuncian, les está llevando a trabajar en pérdidas.
El encarecimiento de los insumos, especialmente fertilizantes y carburantes, se ha intensificado a raíz del conflicto en Irán. Productos como la urea han llegado a subir en torno a un 50%, mientras que el precio del cereal apenas ha experimentado incrementos de entre el 2% y el 3%, lo que ha generado un fuerte desequilibrio en la rentabilidad de las explotaciones.
Ante esta situación, las principales organizaciones agrarias —Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones— han anunciado movilizaciones para los próximos días. La primera de ellas tendrá lugar en Valladolid, en el corazón de Castilla y León, principal región productora, mientras que también habrá presencia española en una protesta convocada en Estrasburgo por el Copa-Cogeca, coincidiendo con la presentación de medidas europeas para afrontar la crisis de fertilizantes.
El malestar en el sector no es nuevo, pero este año se ha agravado. Desde COAG califican el problema de los costes como estructural, aunque reconocen que la situación actual es especialmente crítica. A pesar de que las previsiones de cosecha son aceptables en términos de volumen, muchos productores dudan de que puedan cubrir los gastos.
En algunas zonas, directamente se está replanteando la viabilidad de determinados cultivos. En regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, hay explotaciones donde sembrar cereal deja de ser rentable. Esto ha llevado a algunos agricultores a reducir el uso de fertilizantes o a sustituir cultivos como la cebada por alternativas como el girasol, que requieren menos inversión.
El impacto también podría extenderse a otros productos agrícolas. Cultivos de regadío como el maíz o el arroz podrían registrar una caída en la superficie sembrada, mientras persiste la incertidumbre sobre el suministro de fertilizantes, especialmente los nitrogenados, cuya disponibilidad podría verse comprometida por la reducción de importaciones y el alto coste del gas.
España, además, mantiene una dependencia estructural del exterior en este ámbito. Con una producción anual de entre 18 y 20 millones de toneladas frente a un consumo que supera los 30 millones, el país necesita importar una parte significativa del cereal, lo que lo hace especialmente vulnerable a las tensiones en los mercados internacionales.
Desde el sector también advierten de las consecuencias que esta situación puede tener para el consumidor. El incremento de costes en origen podría trasladarse a los precios finales de los alimentos si no se adoptan medidas correctoras.
Por ello, las organizaciones agrarias reclaman actuaciones urgentes. Entre sus propuestas figura un aumento de las ayudas públicas para compensar el encarecimiento de los insumos, que consideran insuficientes en la actualidad, así como una aplicación más estricta de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar prácticas especulativas y garantizar precios justos para los productores.
A la espera de las decisiones que adopte Bruselas, el sector se prepara para intensificar la presión en las calles, convencido de que la actual campaña puede convertirse en una de las más costosas y menos rentables de su historia reciente.
