Alemania ha comenzado a mostrar preocupación por las consecuencias europeas de la regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que podría afectar a cientos de miles de extranjeros en España y generar un nuevo efecto llamada dentro del espacio Schengen.
El Ministerio de Exteriores alemán ha reconocido que Berlín está «supervisando de cerca la situación» y que mantiene contactos con España. La inquietud no se limita ya a Francia, donde dirigentes conservadores alertaron desde el primer momento del riesgo de que los permisos concedidos en España faciliten la movilidad de inmigrantes por otros países europeos.
Aunque el Gobierno socialista presentó inicialmente la medida como una regularización de alrededor de 500.000 inmigrantes, las estimaciones manejadas por las autoridades alemanas elevan la cifra potencial hasta 850.000 solicitantes, según Bild. Documentos internos de la Policía española filtrados habrían situado el cálculo incluso en 1,6 millones de posibles beneficiarios.
Desde el anuncio de la medida a mediados de abril, las oficinas de Extranjería se han visto desbordadas en distintos puntos de España. Sólo en la primera semana se habrían registrado cerca de 130.000 solicitudes, reflejo de la magnitud de una decisión que ya no se interpreta únicamente como un asunto interno español, sino como un problema europeo.
El temor de Berlín se explica por el funcionamiento del espacio Schengen. Un permiso de residencia concedido en España no autoriza, en principio, a trabajar en Alemania, pero sí permite entrar y permanecer en el país durante un máximo de tres meses por periodo. Para varios dirigentes alemanes, esa movilidad puede convertirse en la antesala de una migración secundaria difícil de controlar.
El Ministerio del Interior alemán ha intentado matizar el alcance legal de estos permisos, insistiendo en que una autorización de residencia española no equivale a un permiso laboral en Alemania. Sin embargo, el debate ya se ha abierto en el país, especialmente entre sectores que advierten de que los incentivos sociales y laborales alemanes pueden atraer a muchos de los regularizados.
El portavoz de política interior del grupo parlamentario CDU/CSU, Alexander Throm, fue tajante al valorar la decisión del Ejecutivo español. «Una legalización masiva de este tipo envía una señal devastadora al mundo y crea un efecto llamada incalculable», afirmó, según el diario alemán.
También el representante sindical policial Manuel Ostermann alertó de las posibles consecuencias para Alemania. A su juicio, si el actual Gobierno español fracasa o un futuro Ejecutivo reduce ayudas o retira permisos de residencia, muchos de los inmigrantes podrían continuar su camino hacia Alemania y quedarse allí, «con permiso o sin él».
«La crisis migratoria no ha terminado. Alemania debe, por tanto, eliminar de forma coherente los factores de atracción que aún quedan», señaló Ostermann, que pidió acabar con los «incentivos financieros excesivos» y sustituirlos por un modelo mucho más restrictivo.
Alemania ya arrastra desde hace años los efectos de la migración secundaria dentro de Europa, especialmente desde países como Grecia. El pasado abril, el Tribunal Administrativo Federal alemán autorizó por primera vez en años deportaciones de inmigrantes hacia Grecia, reflejo de la presión acumulada sobre el sistema migratorio germano.
La preocupación llega además en un momento delicado para la economía alemana. Tras años de inmigración masiva, el país atraviesa una etapa de debilidad industrial, destrucción de empleo y pérdida de competitividad. Sólo el año pasado se destruyeron más de 120.000 empleos industriales, lo que complica aún más el argumento de que Alemania puede absorber indefinidamente nuevas olas migratorias.
La decisión de Sánchez vuelve así a situar a España en el centro del debate migratorio europeo. Lo que Moncloa presenta como una medida administrativa y laboral puede convertirse, para sus socios comunitarios, en una puerta de entrada indirecta al resto del continente.
