La tasa de hacinamiento en la vivienda desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa ha experimentado un incremento notable, especialmente entre los hogares que residen en régimen de alquiler. Los datos disponibles reflejan un deterioro progresivo de las condiciones habitacionales en los últimos años.
En concreto, el porcentaje de personas que viven en viviendas arrendadas a precios de mercado y que se encuentran en situación de hacinamiento ha pasado del 12,8% en 2018 al 20,5% en 2025. Este aumento, cercano al 60%, sitúa el indicador en niveles sin precedentes en España, evidenciando un empeoramiento significativo en el acceso a una vivienda adecuada.
Para entender este fenómeno, conviene precisar qué se considera exactamente hacinamiento. Según Eurostat, una persona se encuentra en esta situación cuando el hogar no dispone del número mínimo de habitaciones exigido en función de su composición: una estancia por vivienda, otra por cada pareja, habitaciones separadas para adultos solteros y criterios específicos según la edad y el sexo de los menores.
Este repunte del hacinamiento se produce en un contexto marcado por un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda y una llegada masiva de inmigrantes. Por un lado, el parque de vivienda disponible crece a un ritmo muy limitado. Por otro, la creación de nuevos hogares continúa aumentando, lo que intensifica la presión sobre el mercado.
Distintos análisis apuntan a que este desfase podría agravarse en los próximos años. Según estimaciones del BBVA, el déficit acumulado de vivienda desde 2021 podría aproximarse a las 800.000 unidades en 2027, lo que implicaría que la construcción no está siendo capaz de absorber el ritmo de formación de nuevos hogares.
El resultado de esta combinación es un encarecimiento de los alquileres y, en paralelo, una reducción del espacio disponible por persona dentro de las viviendas. Cada vez más hogares se ven obligados a compartir piso o a convivir en condiciones más ajustadas de lo recomendable.
En este contexto, el aumento del hacinamiento se interpreta como un síntoma de fondo de las dificultades estructurales del mercado inmobiliario español, donde la escasez de oferta se traduce directamente en un empeoramiento de las condiciones de vida de quienes dependen del alquiler.
