El Gobierno de España mantiene sin ejecutar aproximadamente el 70% de los 560 millones de euros transferidos hace más de un año por la Unión Europea para la atención de inmigrantes ilegales llegados por vía marítima, según diversas fuentes institucionales. Según publica ABC, estos recursos estaban destinados principalmente a reforzar la capacidad de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, territorios que concentran una parte significativa de las llegadas desde el norte de África.

De la cantidad total asignada, el Ejecutivo ha transferido hasta la fecha 130 millones de euros a Canarias y cerca de 8 millones a Ceuta y Melilla, cifras que representan una proporción muy reducida del total disponible. El resto de los fondos permanece pendiente de distribución.

Las comunidades autónomas, por su parte, han señalado que estos fondos también deben cubrir los costes derivados del sistema de reparto extraordinario de ilegales aprobado en agosto del pasado año. Dicho mecanismo, concebido para aliviar la presión en los territorios fronterizos, se está desarrollando con menor celeridad de la prevista.

En el caso de Canarias, las autoridades autonómicas estiman que el coste anual de la atención a menas supera los 192 millones de euros, cifra que excede el presupuesto ordinario destinado a estas políticas. Este desfase ha obligado a la administración regional a realizar aportaciones extraordinarias con cargo a sus propios recursos.

Además, el Ejecutivo autonómico sostiene que la deuda acumulada por parte del Estado asciende a más de 250 millones de euros, teniendo en cuenta tanto los compromisos actuales como los pagos pendientes de ejercicios anteriores. Esta situación se ve agravada por el aumento sostenido en la llegada de menores, que pasan a estar bajo tutela de las comunidades receptoras.

En términos de ejecución, el último desembolso significativo de estos fondos se produjo a finales de 2025. Desde entonces, no se han registrado avances sustanciales en la distribución del resto de los recursos, lo que ha suscitado críticas por parte de distintas administraciones territoriales.

Los fondos europeos tienen como finalidad financiar la atención en centros de acogida y desarrollar actuaciones en países de origen orientadas a prevenir la inmigración ilegal. Sin embargo, la limitada ejecución presupuestaria está condicionando el alcance de estas medidas.

Desde las instituciones europeas se ha reiterado que la ayuda ha sido facilitada conforme a las solicitudes del Gobierno español y que existe disposición para ampliar el apoyo si así se requiere. No obstante, recuerdan que la gestión de los fondos corresponde exclusivamente a las autoridades nacionales, en virtud del principio de soberanía.

En este contexto, varias comunidades autónomas han manifestado su preocupación por la falta de recursos para afrontar la acogida derivada del sistema de redistribución.