El Consulado General de España en La Habana firmó el 1 de enero de 2025 un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo PALCO, una empresa estatal cubana, para incorporar a 88 trabajadores destinados a reforzar la tramitación de expedientes de nacionalidad derivados de la conocida como Ley de Memoria Democrática, popularmente denominada Ley de Nietos.

La medida responde al colapso administrativo provocado por el volumen de solicitudes registradas en Cuba, uno de los países con mayor número de peticiones de nacionalidad española del mundo. La isla, antigua provincia española hasta 1898, alberga a millones de descendientes de emigrantes españoles, especialmente gallegos, asturianos y canarios.

El acuerdo ha sido denunciado por la Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM), que cuestiona que España recurra a una empresa controlada por el Estado cubano para dotar de personal a una representación diplomática española. Según la asociación, el sistema permite que el régimen obtenga ingresos a través de la intermediación laboral de los empleados asignados al consulado.

En Cuba, la contratación de personal local para organismos extranjeros está sometida a un modelo controlado por el Estado. Las entidades públicas autorizadas seleccionan a los trabajadores y reciben los pagos de las organizaciones contratantes, mientras los empleados perciben únicamente una parte del importe abonado.

ADEM sostiene además que el beneficiario último del contrato podría ser el entramado empresarial estatal vinculado al conglomerado militar GAESA. Sin embargo, esta afirmación no ha sido confirmada de forma independiente.

GAESA es el grupo empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas y domina amplios sectores de la economía de la isla, desde el turismo hasta el comercio exterior. La opacidad de su estructura ha provocado críticas recurrentes de organizaciones internacionales y de Estados Unidos, que anunció sanciones contra la entidad en mayo de 2026.

La empresa PALCO, por su parte, se presenta oficialmente como una compañía estatal civil. Durante décadas estuvo dirigida por Abraham Maciques Maciques, fallecido en mayo de 2025. Diversos medios independientes cubanos le atribuyeron una posición clave dentro del entramado económico construido alrededor del castrismo.

Otro de los aspectos que preocupa a las asociaciones de descendientes es la verificación documental de los expedientes.

Para acreditar el origen español, los solicitantes deben aportar certificados de nacimiento, matrimonio o defunción de sus ascendientes. Una parte importante de esa documentación procede de registros civiles y archivos situados en Cuba.

Además, la isla no forma parte del Convenio de La Haya sobre la Apostilla, por lo que los documentos oficiales cubanos deben seguir un procedimiento específico de legalización controlado por las autoridades del país.

Las asociaciones denuncian retrasos, incidencias administrativas y dificultades para completar los expedientes. La presidenta de ADEM, la abogada Estela Marina Pérez Cabrera, ha reclamado en reiteradas ocasiones mayores garantías y mecanismos de control para agilizar y supervisar el proceso.

Más de 350.000 solicitudes

El caso cubano se ha convertido en uno de los principales focos de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022. La norma amplió significativamente los supuestos para acceder a la nacionalidad española por descendencia y provocó una avalancha de solicitudes en numerosos países de Iberoamérica.

La dimensión alcanzada por el proceso en Cuba ha situado al consulado de La Habana en el centro del debate sobre la capacidad de España para verificar, gestionar y resolver cientos de miles de expedientes procedentes de un país sometido a una dictadura comunista y con un sistema documental completamente controlado por el Estado.