Un informe de viabilidad para la llegada del tren de Cercanías a Boadilla del Monte (Madrid) continúa sin finalizar casi cinco años después de su adjudicación, pese a que el contrato establecía un plazo máximo de ejecución de 24 meses. Según publica Infobae, el estudio fue encargado por el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos en junio de 2021 a una unión temporal de empresas para analizar la posible extensión ferroviaria a este municipio de cerca de 66.000 habitantes.

El contrato fue formalizado durante el mandato de José Luis Ábalos, pocas semanas antes de su salida del Ministerio, y adjudicado a una UTE integrada por las consultoras de ingeniería Fulcrum y TEMA, con un presupuesto de 236.006 euros. El calendario inicial fijaba la entrega del documento para el verano de 2023. Sin embargo, a febrero de 2026, el informe sigue sin estar disponible.

Desde el Ministerio de Transportes, actualmente dirigido por Óscar Puente, se reconoce que el estudio permanece «en tramitación». Por su parte, uno de los autores del documento señala que el trabajo está «casi terminado», aunque pendiente aún de diversos trámites administrativos.

El objeto del contrato era analizar los condicionantes urbanísticos y ambientales para la implantación de un nuevo trazado ferroviario, incluyendo la definición de estaciones tanto en Boadilla del Monte como en otros núcleos de población potencialmente afectados. Además, el estudio debía evaluar el estado de las obras ejecutadas en un proyecto previo, iniciado en 2007 y paralizado en 2012 por falta de financiación, del que llegaron a construirse ocho de los casi quince kilómetros previstos.

La falta de resultados adquiere especial relevancia después de que, en diciembre de 2025, el Ministerio licitara un nuevo estudio de viabilidad para prolongar la línea de Cercanías desde Móstoles hasta Navalcarnero. En los pliegos de esa licitación se hace referencia expresa a análisis previos realizados en el suroeste y oeste de la Comunidad de Madrid, incluyendo Boadilla del Monte.

La empresa Fulcrum ha indicado que el proyecto ha sido objeto de diversas prórrogas, aunque no constan públicamente en la Plataforma de Contratación del Estado. La consultora alega cláusulas de confidencialidad que le impiden ofrecer más detalles sobre los motivos del retraso.