Los controladores ferroviarios de Adif preparan una posible huelga tras la polémica por los audios filtrados de las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha durante el accidente de Urda. El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), que ha denunciado la difusión de las grabaciones ante la jueza que investiga el siniestro, cuestiona además que los fragmentos publicados recojan todas las conversaciones de aquella mañana. «Seguro que no están completos», advierte su coordinador general, José Carlos Gutiérrez en declaraciones al Grupo Vocento.
El representante sindical ha confirmado que la organización está preparando una comisión de conflictos como paso previo a una posible convocatoria de paros. «Estamos preparando una comisión de conflictos para presentar una convocatoria de huelga», ha explicado. Aunque todavía no hay fechas ni un calendario de movilizaciones, el sindicato amenaza con sumarse a las protestas que ya ha planteado el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), mayoritario entre los conductores, para reclamar mejoras en la seguridad ferroviaria.
El malestar del SCF tiene su origen en la publicación de tres conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha, difundidas la misma noche del accidente, pese a que la investigación judicial había sido declarada secreta. Las grabaciones aparecieron en varios medios después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconociera haberlas escuchado y calificara de «errónea» e «inexplicable» la decisión de permitir que el AVE reanudara la marcha normal cuando un tren Iryo permanecía detenido por delante.
Las declaraciones del ministro situaron bajo el foco a los trabajadores del centro de control madrileño. Aunque Puente negó haber señalado responsabilidades personales, el sindicato considera que la difusión de las conversaciones ha expuesto públicamente a los empleados implicados. «No se pueden sacar unos audios de una persona, de cualquiera, así porque sí, a la opinión pública y con nombres y apellidos», denuncia Gutiérrez, que recuerda que en una de las grabaciones aparece el apellido de uno de los trabajadores.
El SCF presentó el viernes una denuncia ante la magistrada del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), que instruye el accidente. El escrito invoca el artículo 417.1 del Código Penal, relativo a la revelación de información reservada por autoridades o funcionarios, y reclama que se investigue cómo unas comunicaciones vinculadas a una causa secreta terminaron difundidas públicamente. La denuncia no acusa a Puente ni le atribuye la filtración.
El sindicato también pone en duda la integridad de las grabaciones y sospecha que los fragmentos publicados fueron seleccionados y editados. «Igual que se han cortado en algunos audios el apellido o la firma del que hace el telefonema, yo me imagino que no están enteros», sostiene Gutiérrez.
A la controversia judicial se suma el impacto emocional del accidente entre los profesionales ferroviarios. «La gente está muy abatida», reconoce el responsable sindical, que describe un ambiente de preocupación y tristeza en los centros de control. «Se trabaja porque somos profesionales, se trabaja bien, pero los ánimos, imagínate cómo pueden estar», concluye.
