La portavoz del Sindicato de Circulación Ferroviario, Raquel Ayllón, ha anunciado que la organización sindical emprenderá acciones por la filtración que considera «ilegal» de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas implicados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La representante sindical ha denunciado que la difusión de estas grabaciones, pocas horas después de la tragedia, ha contribuido a responsabilizar públicamente a uno de los trabajadores antes de que concluya la investigación.
En declaraciones a los medios, Ayllón ha asegurado que el coordinador general de su organización se dirigía a presentar la correspondiente denuncia. La portavoz ha criticado que unas comunicaciones internas, cuyo contenido completo todavía no se conoce públicamente, hayan llegado a determinados medios de comunicación mientras continúan las diligencias para esclarecer las causas del siniestro.
La controversia surgió después de que trascendieran varios audios en los que un responsable de circulación de Adif autorizaba a uno de los trenes a reanudar su marcha con normalidad, pese a los problemas registrados en el sistema de seguridad LZB. Posteriormente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó a una posible decisión errónea del trabajador, unas declaraciones que han provocado el rechazo de distintas organizaciones sindicales.
La representante sindical ha insistido en que las grabaciones difundidas no permiten comprender todas las circunstancias que rodearon la actuación del empleado. Según ha explicado, los responsables de circulación deben valorar las incidencias en tiempo real y determinar qué instrucciones transmiten a los maquinistas. Además, ha recordado que las condiciones concretas de circulación no siempre aparecen detalladas en los telefonemas.
Ayllón también ha denunciado las deficiencias estructurales que, a su juicio, afectan a los centros de regulación ferroviaria, especialmente la escasez de personal, las carencias formativas y un relevo generacional que considera precipitado. La portavoz sostiene que la seguridad ferroviaria no puede depender exclusivamente de las decisiones de un único trabajador cuando existen sistemas tecnológicos destinados a prevenir accidentes.
Las críticas se suman a las expresadas por CCOO, CSIF y Semaf, que han rechazado el señalamiento público del controlador de Atocha y han reclamado una investigación independiente. Algunas de estas organizaciones han solicitado incluso la dimisión de Óscar Puente por sus declaraciones sobre la posible responsabilidad del empleado.
Por el momento, no está acreditado quién facilitó las grabaciones a la prensa ni que la filtración procediera directamente del Gobierno. El sindicato sostiene que su difusión fue irregular y reclama que se esclarezca su origen, mientras continúa la investigación del accidente que ha dejado 69 fallecidos.
