El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado que los inmigrantes ilegales que reciban una resolución negativa en el proceso de regularización extraordinaria no serán expulsados y permanecerán en España en situación ilegal, tal y como estaban antes de iniciar el trámite. La decisión afecta a un proceso con el que el Ejecutivo aspira a regularizar a cerca de medio millón de personas.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros no contempla medidas de expulsión para quienes no cumplan los requisitos. Es decir, incluso tras una denegación formal, los solicitantes seguirán residiendo en territorio español sin cambios en su estatus administrativo.

El procedimiento establece que los interesados deberán acreditar ausencia de antecedentes penales en España y en los países en los que hayan residido en los últimos cinco años, un requisito introducido tras las observaciones del Consejo de Estado. Pese a este endurecimiento formal, el Ejecutivo ha diseñado un sistema para facilitar la obtención de dicha documentación, incluso mediante vías diplomáticas si los solicitantes no logran aportarla en plazo.

El calendario fija entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026 el periodo para presentar solicitudes, que podrán tramitarse de forma presencial o telemática. Además del certificado de antecedentes, los solicitantes deberán demostrar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, que han permanecido al menos cinco meses consecutivos y que no suponen una amenaza para el orden público.

El reglamento también abre la puerta a la regularización por tres vías: arraigo laboral, vínculos familiares o situación de vulnerabilidad. Este último supuesto dependerá de informes emitidos por entidades del llamado tercer sector, encargadas de certificar condiciones como precariedad económica o exclusión social.

El propio Gobierno reconoce que uno de los principales obstáculos será la obtención de certificados penales, lo que ya ha provocado colas en consulados. Para evitar que este requisito reduzca el número de beneficiarios, el Ejecutivo permitirá ampliar plazos y asumirá la gestión documental si el interesado no logra conseguir los certificados en origen.

Desde el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, se ha criticado incluso este requisito. La portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, ha defendido que «los problemas administrativos o de plazos no deberían obstaculizar la regularización de todas las personas» y ha instado al Gobierno a garantizar que el proceso alcance al mayor número posible de solicitantes.

La medida ha generado tensiones también en la administración. Comisiones Obreras ha anunciado una huelga en oficinas de extranjería ante la sobrecarga de trabajo prevista, mientras formaciones como Compromís defienden que la regularización masiva convierte a España en un «Estado más justo».

El trasfondo político de la decisión es claro. El Ejecutivo no sólo busca ampliar el número de beneficiarios, sino evitar el coste político y administrativo de ejecutar expulsiones masivas. Desde Pekín, el presidente ha defendido la medida por «una cuestión moral» y también por interés económico, al vincularla con la necesidad de paliar el envejecimiento de la población.

Sin embargo, el diseño final del proceso introduce una paradoja central: quienes no consigan regularizar su situación seguirán en España en condiciones de ilegalidad, sin que el Estado prevea medidas para revertir esa situación.