El Gobierno de Sánchez registra un desfase significativo en la ejecución efectiva de los Fondos Europeos dentro de los plazos establecidos por la Comisión Europea.
Según datos del Ministerio de Economía correspondientes a marzo de 2026, de los más de 94.000 millones de euros convocados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han resuelto 66.982 millones, lo que sitúa la tasa de resolución en torno al 71%. Este porcentaje deja sin adjudicar cerca de un tercio de los recursos, equivalente a más de 27.000 millones de euros, según publica este viernes The Objective.
La Comisión Europea ha reiterado su rechazo a posibles ampliaciones del calendario o a estrategias de ejecución concentradas en la fase final del programa. El endurecimiento de la posición comunitaria limita la capacidad de los Estados miembros para redistribuir temporalmente el gasto, con el objetivo de preservar el impacto económico real de las inversiones y evitar un cumplimiento meramente formal de los hitos.
El desfase se concentra en la fase intermedia del proceso administrativo, comprendida entre la convocatoria de ayudas y su resolución definitiva. En este tramo se acumulan los procedimientos de evaluación, verificación de requisitos y selección de beneficiarios, lo que ralentiza la llegada efectiva de los recursos a la economía. La complejidad administrativa y la participación de múltiples niveles de gestión contribuyen a prolongar los plazos, especialmente en proyectos con elevada carga técnica.
Por áreas, los fondos resueltos se concentran en la modernización industrial, la agenda urbana y rural y las infraestructuras sostenibles, sectores con alta capacidad de absorción pero también con mayores exigencias regulatorias. Esta combinación incide en la velocidad de adjudicación y ejecución de los proyectos.
En paralelo, la ejecución del capítulo de préstamos presenta un menor desarrollo. El Gobierno ha renunciado a solicitar una parte significativa de los fondos reembolsables disponibles, lo que ha generado críticas por parte de la oposición. La decisión reduce el volumen potencial de financiación, aunque evita incrementar el endeudamiento directo del Estado en el corto plazo.
El Ejecutivo ha planteado alternativas como la emisión de deuda conjunta europea para facilitar nuevas condiciones de financiación, iniciativa interpretada como un intento de optimizar costes financieros y ampliar el margen inversor. No obstante, la Comisión mantiene su enfoque centrado en la ejecución dentro de los plazos vigentes.
La brecha entre fondos comprometidos y adjudicados plantea riesgos sobre el impacto macroeconómico del programa, concebido como un estímulo intensivo y temporal. Un despliegue más lento reduce su capacidad para impulsar la inversión, la productividad y el empleo en el periodo previsto.
En este contexto, el Gobierno de Sánchez tiene que acelerar la resolución de expedientes pendientes sin recurrir a prórrogas, en un escenario de mayor supervisión comunitaria y con un volumen significativo de recursos aún sin asignar.
