El Gobierno de Pedro Sánchez premió con una puntuación decisiva a la empresa adjudicataria del tramo ferroviario de Adamuz por prometer el uso de «material reciclado en más de un 50%», un criterio que resultó clave para hacerse con el contrato de mejora integral de la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla, el mismo tramo donde el pasado domingo se produjo el accidente ferroviario más grave de la última década, con 43 fallecidos y decenas de heridos.

Según el expediente de adjudicación de Adif, al que ha tenido acceso Ok Diario, el organismo dependiente del Ministerio de Transportes priorizó criterios medioambientales de carácter subjetivo frente a otros elementos técnicos y económicos. En concreto, se otorgó una valoración destacada a aquellas empresas que garantizaban «trabajar con materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con un grado de reciclabilidad superior al 50%».

Este baremo benefició directamente a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba la constructora sevillana Azvi, finalmente adjudicataria del contrato por 61,25 millones de euros, imponiéndose a otras cuatro ofertas. La UTE obtuvo 5,10 puntos en este apartado, la segunda mayor puntuación posible, gracias a la aportación de dos certificados que acreditaban el uso de material reciclado, según recoge el informe de valoración.

El peso de estos criterios no fue menor. El llamado «programa de actuaciones medioambientales» —que incluía medidas como mitigación del ruido, reducción de residuos o menor uso de combustibles fósiles— recibió la misma puntuación máxima que la calidad técnica, un apartado que evalúa aspectos críticos como inspecciones, ensayos, muestreos y aceptación de materiales.

Gracias a esta estructura de valoración, la UTE encabezada por Azvi logró un 99,3% de puntuación en los criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas, es decir, aquellos sujetos a apreciación discrecional. Esta nota casi perfecta resultó determinante para ganar el concurso, pese a que otras empresas presentaron ofertas económicas similares o incluso más bajas.

Una vez adjudicado el contrato, la UTE impuso además sobrecostes por valor de seis millones de euros, alegando imprevistos que, según la documentación, no podían detectarse al inicio de las obras. El informe de Adif llegó a calificar la propuesta como «completa y exhaustiva», «perfectamente desarrollada» y «totalmente coherente».

Azvi figura en el centro de las investigaciones relacionadas con la conocida como trama del PSOE. La constructora, presidida por Manuel Contreras, contrató en 2023 a Koldo García y a su esposa como asesores, con un sueldo mensual de 6.000 euros y una prima de éxito del 0,75% por proyecto en Iberoamérica, con un tope de 350.000 euros por operación.

El empresario Víctor de Aldama, implicado en distintas causas de corrupción, señaló además que Azvi pagaba comisiones a cambio de contratos públicos, según consta en las diligencias de investigación. En conjunto, la empresa habría logrado adjudicaciones públicas por más de 165 millones de euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un patrón recurrente en estos procesos: Azvi obtenía los contratos gracias a valoraciones técnicas infladas, a pesar de presentar ofertas económicas claramente mejorables. En algunos casos, llegó a imponerse habiendo presentado la decimosexta mejor oferta económica.

El contrato del tramo de Adamuz incluía actuaciones como el acondicionamiento de la plataforma ferroviaria, la mejora del sistema de drenaje, la rehabilitación de estructuras y túneles y la estabilización de desmontes y terraplenes. Una obra ahora bajo escrutinio, tras el siniestro que ha puesto en cuestión los criterios con los que el Gobierno adjudica y supervisa las grandes infraestructuras ferroviarias.