Que el ansia regulador y totalitario del Gobierno de Sánchez no tiene fin, es algo que no es novedad. Que quiera regular hasta lo que comamos, tampoco. Pero que quiera imponernos el tipo de snack que debemos comer, si tomamos el café con o sin azúcar o el agua con gas o sin gas, es propio de un régimen liberticida y totalitario.

Pero lejos de ser el argumento de una novela distópica, las medidas anteriormente mencionadas son tan reales, como que van a ser impulsadas y aprobadas vía Real Decreto por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Se trata, dice el texto legal de regular la oferta alimentaria en máquinas expendedoras y centros de titularidad pública, con el objetivo, asegura el Ejecutivo de Sánchez, de fomentar una alimentación saludable y sostenible entre la población. El texto, presentado en borrador a finales del pasado año y actualmente en fase de información pública, establece criterios nutricionales y de visibilidad para los productos disponibles en estos espacios. Los criterios del Ejecutivo sanchista, por supuesto.

La normativa se dirige tanto a centros públicos como a establecimientos privados que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales, y pretende reducir la exposición a alimentos ultraprocesados con alto contenido en azúcares, grasas y calorías. Según el planteamiento del departamento encabezado por Pablo Bustinduy, la medida busca reorientar el consumo hacia opciones que contribuyan a la prevención de enfermedades metabólicas y al mantenimiento de hábitos alimentarios equilibrados.

La hoja de ruta fijada por Consumo establece que el 80% de la oferta de las máquinas expendedoras, —los llamados vendings—, deberá estar compuesta por productos considerados saludables y situados en las filas centrales, de mayor visibilidad para el usuario. Cero capacidad de elección para el consumidor. Entre ellos se incluyen agua, fruta fresca, hortalizas, frutos secos no fritos y con bajo contenido en sal, leche, panes integrales, bocadillos elaborados con vegetales y proteínas magras, yogures y otras leches fermentadas sin azúcares añadidos, así como platos a base de vegetales y sopas frías.

Para los productos procesados que se mantengan en las máquinas, la normativa impone límites nutricionales estrictos. Es decir, por ley, el Gobierno va a impedir el consumo de ciertos productos en determinados sitios. Un paso más en contra de la libertad individual.

Estos artículos no podrán superar las 200 kilocalorías por porción, deberán contener un máximo del 35% de grasas totales, carecer de ácidos grasos trans —salvo los presentes de forma natural en lácteos y productos cárnicos— y no exceder el 10% de azúcares añadidos, con un tope de cinco gramos por ración. Además, estos productos deberán colocarse en las filas inferiores, fuera de la línea directa de visión del consumidor.

En el caso de las bebidas calientes, como el café dispensado en máquinas automáticas, el texto establece que la cantidad máxima de azúcar añadido será de cinco gramos y que, por defecto, la bebida se servirá sin este ingrediente. Es decir que si alguien es amante del café bombón —con leche condensada— que se vaya despidiendo. Al menos en este tipo de máquinas.

Pero por si fuera poco, tampoco nos libraremos de la persecución cuando lleguemos a casa. Un gesto tan simple como poner la televisión se verá condicionado por los anuncios publicitarios que veremos. O más bien, que no veremos. Y es que el siguiente paso de Consumo es regular la publicidad de «alimentos insanos» destinada a niños y adolescentes. «En este país, el 80 por ciento de niños y adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables. Pero son aquellos que están más expuestos a estos mensajes publicitarios quienes los consumen en mayor proporción», dice Bustinduy.

En diciembre, cuando fue presentado este decreto, Bustinduy ya amenazó: no se puede consentir que intereses económicos primen sobre el derecho a la salud de los niños y adolescentes y que, como consecuencia, «se vean bombardeados de manera cotidiana y diaria con cantidades ingentes de publicidad de alimentos que son contrarios a las recomendaciones para que puedan gozar de buena salud». Siempre bajo el prisma del ministro Bustinduy.