El Ejecutivo de Pedro Sánchez destinó cerca de 340 millones de euros en financiación pública a la construcción de una gran desaladora en Casablanca (Marruecos), la mayor de África, mientras la flota estatal de aviones anfibios de gran capacidad contra incendios enfrenta una grave falta de disponibilidad. Con esa misma cantidad se podrían haber comprado hasta siete aparatos del tipo FOCA o DHC-515, los de mayor capacidad de descarga de agua y clave en la lucha contra los grandes incendios forestales.
La financiación española, formalizada a través de instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), un seguro de CESCE y un préstamo de COFIDES, se destina a un proyecto liderado por un consorcio en el que participa la empresa española Acciona. Se trata principalmente de créditos que Marruecos deberá devolver, pero que movilizan recursos públicos españoles en un momento de intensa sequía y recortes en trasvases como el Tajo-Segura.
Cada uno de estos aviones anfibios de élite, capaces de cargar entre 5.500 y 7.000 litros de agua directamente de ríos, embalses o el mar, tiene un coste unitario de entre 50 y 55 millones de euros según los contratos recientes firmados por España, Grecia y Croacia para el nuevo modelo DHC-515. Dividiendo los 340 millones entre ese precio se obtiene la cifra de seis a siete aeronaves nuevas.
España cuenta actualmente con una flota de 14 aviones Canadair CL-215T y CL-415, operados por el 43 Grupo del Ejército del Aire. Sin embargo, en plena campaña de alto riesgo de 2026 sólo entre seis y siete están operativos debido a la antigüedad de los aparatos (algunos con más de 40 años), averías recurrentes y el fracaso del programa de modernización. Hace ocho años la flota era de 18 unidades y se podían tener hasta 13 operativos simultáneamente.
El contraste resulta especialmente llamativo porque el Gobierno había prometido a las comunidades autónomas disponer de 14 aviones de este tipo (o al menos 10 operativos de forma estable) para la temporada de incendios. La realidad ha sido muy inferior, obligando incluso a solicitar ayuda internacional a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Críticos del sureste español, afectados por los recortes en el trasvase Tajo-Segura, han señalado la incoherencia de priorizar infraestructuras hídricas en Marruecos mientras las necesidades de extinción de incendios en el territorio nacional se ven limitadas por la falta de medios aéreos de gran capacidad. El propio Ministerio para la Transición Ecológica ha reconocido el estrés al que está sometida la flota por el aumento de horas de vuelo e intervenciones.
Aunque los 340 millones no son una donación a fondo perdido, el volumen de recursos públicos movilizados habría permitido renovar de forma significativa la capacidad operativa española frente a los incendios forestales, uno de los principales desafíos climáticos del país. Los nuevos DHC-515 no empezarán a llegar hasta 2028, por lo que la ventana de oportunidad de 2026 se ha cerrado sin ese refuerzo.
