El PSOE ha admitido en un manifiesto fechado el 8 de mayo de 2025 que la llamada Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática, ha servido para extender la nacionalidad española a descendientes de personas que abandonaron España por motivos que no se limitan al exilio político provocado por la Guerra Civil y el régimen franquista.

El documento, titulado «Día de Reconocimiento a las Víctimas del Exilio», reivindica esa fecha como jornada de homenaje a las víctimas del exilio «derivado de la Guerra Civil y la Dictadura franquista» y la vincula con la victoria aliada sobre el fascismo en Europa. Sin embargo, el propio texto socialista reconoce que la aplicación de la norma ha alcanzado también a quienes salieron de España por «distintas razones».

«La vocación reparadora de la Ley de Nietos alcanzó a muchos otros que por distintas razones se vieron obligados a abandonar su tierra», sostiene el manifiesto. El PSOE añade además que «España no olvida a quienes marcharon lejos de nuestra tierra con independencia de las causas concretas que provocaron el éxodo», detalla El Debate.

Ese reconocimiento desborda el relato oficial con el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado la Ley de Memoria Democrática ante la opinión pública española: una norma de reparación vinculada al exilio de la Guerra Civil y del franquismo. El texto del PSOE abre, en cambio, un campo mucho más amplio, que incluye a descendientes de emigrados por causas económicas, familiares o de cualquier otra naturaleza.

El manifiesto atribuye ese resultado a «la voluntad política del Gobierno presidido por el PSOE». La fórmula revela también la concepción patrimonial del poder que atraviesa el discurso socialista: en una democracia parlamentaria no gobiernan los partidos como tales, sino un Ejecutivo presidido por quien obtiene la confianza del Congreso tras unas elecciones generales.

El fondo político del asunto va más allá de una disputa terminológica. Bajo el paraguas de la memoria histórica, el PSOE ha impulsado una vía de acceso a la nacionalidad española que afecta de forma directa al censo exterior y, por tanto, al cuerpo electoral. La cuestión clave no es sólo cuántas personas han adquirido o pueden adquirir la nacionalidad, sino bajo qué relato político se ha presentado esa ampliación ante los españoles.

El senador socialista por Lugo y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, César Mogo, actual responsable del área de Exterior del partido, ha defendido en distintos actos ese alcance expansivo de la norma. En un vídeo difundido por el PSOE en Uruguay, Mogo aseguró que la ley respondía a una deuda con «los millones de personas que desde el siglo XIX cruzaron océanos y fronteras para ganarse una vida mejor».

«España y Galicia tenían una deuda con su migración los millones de personas que desde el siglo XIX cruzaron océanos y fronteras para ganarse una vida mejor –la que no se podían permitir aquí– quisieran que sus descendientes fueran españoles como ellos. La Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez lo hizo posible», afirmó.

El senador socialista añadió que «hasta el 22 de octubre todas las ventanillas de todos los consulados del mundo estuvieron abiertas para que los descendientes pudieran acceder a la nacionalidad española». También reprochó al Partido Popular, a VOX y al Bloque Nacionalista Galego que no apoyaran una ley que definió como «un acto de Justicia para la migración española».

Mogo ha trasladado el mismo mensaje en otros países de América Austral. En una entrevista en el diario argentino Página 12, sostuvo que el balance de la Ley de Memoria Democrática era «muy positivo» y vinculó su alcance a los emigrantes que «durante todo el siglo XIX y el siglo XX» viajaron a distintos puntos de América.

«Lo que nosotros hemos hecho con esta ley es hacer legal lo que es real, y lo que es real es que los descendientes de españoles en Argentina, en su inmensa mayoría, se sienten argentinos y españoles«, afirmó el dirigente socialista.

El PSOE utiliza así dos planos políticos distintos. Dentro de España presenta la Ley de Memoria Democrática como una reparación centrada en el franquismo y en la Guerra Civil. Fuera de España, especialmente en Iberoamérica, la proyecta como una vía de reconocimiento para descendientes de españoles que emigraron durante dos siglos por motivos muy diversos.

Esa doble lectura permite al sanchismo sostener en España el discurso de la memoria y, al mismo tiempo, movilizar en el exterior a nuevos nacionales con derecho a participar en el sistema político español. La batalla no se libra sólo en el terreno histórico, sino en el electoral.

La ampliación del censo exterior se ha convertido así en una pieza estratégica para el PSOE. El partido de Pedro Sánchez ha encontrado en la Ley de Nietos una herramienta con capacidad para alterar el peso político de los españoles residentes fuera de España y de los nuevos nacionales que puedan incorporarse a ese cuerpo electoral.

El debate de fondo es si una norma presentada como reparación a las víctimas del exilio ha terminado convertida en un gran mecanismo de nacionalización de descendientes de emigrados por causas ajenas al franquismo. El propio manifiesto del PSOE, lejos de desmentirlo, lo reconoce expresamente.