La alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez que firmó la orden para nacionalizar a nietos de falsos exiliados es Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La dirigente rubricó en octubre de 2022, cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, la instrucción que está permitiendo a descendientes de emigrantes españoles anteriores a la Guerra Civil solicitar la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
La polémica se centra en la interpretación aplicada por Justicia a la conocida como ley de nietos. Según publica OkDiario, esa instrucción habría abierto la puerta a que nietos y bisnietos de españoles que salieron del país antes del estallido de la Guerra Civil, sin que necesariamente mediara una causa política, ideológica o de persecución, puedan acogerse a un procedimiento pensado para descendientes de exiliados.
El caso se ha reactivado después de que OkDiario desvelara la situación de una familia asturiana que emigró a Chile en enero de 1936, meses antes del inicio de la contienda. Pese a ello, sus descendientes en el país andino habrían obtenido la nacionalidad española como familiares de supuestos exiliados conforme a la norma aprobada por el Ejecutivo de Sánchez en 2022.
La instrucción firmada por Sofía Puente fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 26 de octubre de 2022, pocos días después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. En ella se concreta quiénes pueden optar a la nacionalidad española y se incluye a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido originariamente españoles y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia, orientación sexual o identidad sexual.
El punto controvertido está en la lectura amplia que hace el Ministerio de Justicia. El texto sostiene que podrán ejercer esa opción tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles como aquellos cuyos progenitores o abuelos hubieran perdido la nacionalidad o renunciado a ella por causa del exilio.
El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, Alberto Virella, ha advertido del alcance de esta interpretación. El que fuera embajador de España en Senegal entre 2015 y 2020 recuerda que, poco después de entrar en vigor la ley, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública publicó una instrucción que considera incluido en el supuesto legal el hecho de ser hijo o nieto de españoles que se marcharon a vivir al extranjero.
La Ley de Memoria Democrática fija como exiliados a quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936, día de la sublevación militar contra la Segunda República, y el 28 de diciembre de 1978, víspera de la entrada en vigor de la Constitución. Sin embargo, la aplicación práctica de la instrucción habría permitido solicitudes de descendientes de emigrantes que salieron del país antes de ese periodo.
Mientras tanto, la red consular española continúa tramitando expedientes de nacionalidad. Según las cifras citadas, ya se habrían aceptado alrededor de 500.000 solicitudes de un total aproximado de 2,4 millones. Virella subraya que la Administración debe limitarse a aplicar la ley y velar por su cumplimiento, así como atender las instrucciones, resoluciones o dictámenes de los órganos competentes.
Sofía Puente ocupó la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública entre enero de 2020 y noviembre de 2023. Desde entonces ejerce como secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, puesto para el que fue designada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Fiscal de carrera desde 1996, Puente ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid. También fue fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, directora del Centro de Estudios Jurídicos entre 2010 y 2012 y vocal del Consejo Fiscal entre 2014 y 2018.
Su llegada al Ministerio de Justicia en 2020 ya generó comentarios por su parentesco con Óscar Puente. Entonces, el actual ministro defendió públicamente la trayectoria de su hermana y criticó que se la presentara únicamente como familiar suyo. A su juicio, aquello tenía un «cierto tufillo machista», porque ignoraba sus méritos profesionales.
Óscar Puente afirmó en aquel momento que Sofía Puente era «bastante más brillante» que él e ironizó con que, quizá, el hermano era él y no ella. También sostuvo que no le parecía adecuado que se redujera su nombramiento a una cuestión familiar, al considerar que contaba con una carrera amplia y consolidada al margen de su parentesco con él.
La instrucción firmada por Sofía Puente vuelve ahora al primer plano por sus efectos en la concesión de nacionalidades a descendientes de españoles en el extranjero. La controversia gira en torno a si el criterio aplicado por Justicia respeta estrictamente el espíritu de la Ley de Memoria Democrática o si, por el contrario, ha terminado beneficiando a descendientes de emigrantes que no fueron realmente exiliados.
