El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido reforzar la asistencia jurídica gratuita destinada a los inmigrantes ilegales que entraron masivamente en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y que quieran iniciar los trámites para solicitar asilo y permanecer en España.

La medida forma parte del real decreto de actuaciones urgentes aprobado para responder a las consecuencias de la crisis migratoria en la ciudad autónoma y facilitará la tramitación de solicitudes de protección internacional de los extranjeros que continúan en territorio ceutí.

Para acceder inicialmente a la justicia gratuita, será suficiente con que el inmigrante interesado declare expresamente que padece una «carencia de recursos económicos suficientes para litigar», según recoge la norma. Esa manifestación será aceptada como prueba inicial de su falta de medios económicos, permitiendo comenzar el procedimiento sin esperar a otras comprobaciones previas.

El abogado podrá acreditar la falta de recursos

El Gobierno ha establecido además un procedimiento específico debido a la situación excepcional que atraviesa Ceuta. El propio abogado de oficio encargado de asistir al solicitante podrá emitir y firmar un informe oficial que acredite su insuficiencia de recursos económicos, con el objetivo de acelerar la tramitación y evitar demoras.

El mismo profesional que acompañe al inmigrante durante la fase administrativa de su solicitud de protección internacional podrá además continuar representándolo ante los tribunales si posteriormente presenta un recurso contencioso-administrativo.

De este modo, el solicitante no tendrá que cambiar de abogado en caso de que la Administración rechace su petición y decida recurrir judicialmente la resolución.

108 millones para menores y atención humanitaria

Las medidas forman parte de un paquete extraordinario aprobado por el Ejecutivo para Ceuta dotado con 309 millones de euros.

Del total, 108 millones estarán destinados a la acogida de menores y a la atención humanitaria, apartado dentro del cual se encuentra el refuerzo dirigido a facilitar la protección internacional de los inmigrantes ilegales que permanecen en la ciudad.

La decisión se produce después de la avalancha migratoria de finales de julio, cuando decenas de miles de personas se dirigieron hacia la frontera española y miles consiguieron acceder a Ceuta. La crisis continúa provocando importantes consecuencias para los servicios públicos, las fuerzas de seguridad y la Administración de Justicia de la ciudad autónoma.

Además, las últimas investigaciones policiales han abierto interrogantes sobre el papel desempeñado por las fuerzas marroquíes durante la entrada masiva, después de que un informe remitido a la Audiencia Nacional recogiera elementos que apuntan a la actuación de agentes de Marruecos durante las oleadas de inmigrantes.

Diez nuevos abogados de oficio

El Ejecutivo también ha decidido reforzar los medios judiciales disponibles en Ceuta ante el incremento de procedimientos generado después de la crisis. El Gobierno incorporará diez nuevos abogados de oficio, que se sumarán a los cinco letrados adicionales que ya habían sido enviados a la ciudad durante la primera semana de agosto.

También se han puesto a disposición de los tribunales ceutíes dos nuevos magistrados, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla solicitaran refuerzos ante el aumento de la carga de trabajo.

Entre ellos se encuentra la magistrada de Cartagena Consuelo Andreo, destinada a reforzar los tribunales de instancia en asuntos relacionados con violencia sobre la mujer.

La decisión llega después de que la Fiscalía informara de que, desde la entrada masiva, se han registrado 23 agresiones sexuales en Ceuta, con nueve menores entre las víctimas. El órgano de gobierno de los jueces también ha reforzado otros órganos judiciales mediante la incorporación del magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga Miguel Ángel Torres.