
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 35 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para financiar la acogida de menas, una nueva partida con la que el Ejecutivo sigue cargando sobre las autonomías el coste de su política migratoria.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, será sometida este jueves a la decisión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
El Gobierno justifica el reparto por la presión migratoria que soportan determinados territorios, especialmente Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, pero vuelve a presentar como «solidaridad» una política que multiplica el gasto público sin abordar el problema de fondo: la llegada constante de menores extranjeros no acompañados y la saturación de los sistemas autonómicos de acogida.
Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla reciben una asignación mayor por su situación geográfica y por la tensión que padecen sus sistemas de acogida.
El Ejecutivo transferirá 4 millones de euros a Canarias, 2 millones a Baleares, 5,5 millones a Ceuta y 4 millones a Melilla. El criterio utilizado es la presión sobre la capacidad ordinaria de acogida de cada territorio y el número de menores migrantes no acompañados presentes en sus sistemas.
El resto de los 35 millones de euros se repartirá de forma proporcional entre las demás comunidades autónomas, en función de la acogida actual de menores migrantes no acompañados.
Entre las regiones que más fondos recibirán figuran Andalucía, con 4 millones de euros; Cataluña, con 3,65 millones; la Comunidad de Madrid, con 3,63 millones; y la Comunidad Valenciana, con 2,59 millones.
En el extremo contrario se sitúan La Rioja, con 229.185 euros; Cantabria, con 236.422 euros; y Asturias, con 255.722 euros.
La ministra Sira Rego ha celebrado la medida y ha afirmado que el Gobierno «vuelve a demostrar su compromiso con la infancia». También ha sostenido que España es hoy una referencia en la «acogida solidaria» de menas y en la defensa de los derechos humanos.
Rego ha defendido además el llamado mecanismo de acogida «solidaria y vinculante» aprobado por el Ejecutivo, que ha calificado como un éxito.