El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a plegarse a los intereses de Marruecos al atribuir la invasión migratoria exclusivamente a las «redes de tráfico de personas». Mientras la ciudad autónoma vive una auténtica invasión de inmigrantes ilegales, el Ejecutivo prefiere alinearse con el relato de Rabat y evitar cualquier medida de fuerza que pudiera molestar al régimen alauí.

En las últimas horas han entrado en Ceuta miles de inmigrantes ilegales, la mayoría jóvenes varones que han llegado a nado o saltando la valla, saturando por completo los centros de menores no acompañados, que ya operan al 2.400% de su capacidad.

Fuentes del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, han asegurado este jueves que la avalancha se debe a que las mafias están «instrumentalizando» la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que prohíbe las devoluciones en caliente de quienes llegan nadando. Exactamente el mismo argumento que ha esgrimido Marruecos a través de su embajada en Madrid, que también culpa a «organizaciones criminales» de la entrada masiva.

El Gobierno insiste en que la colaboración con el país vecino es «ejemplar» y agradece a las fuerzas de seguridad marroquíes los «esfuerzos» que, según Marlaska, han impedido «miles de intentos» de entrada ilegal. Ambos países se han comprometido a reforzar la coordinación y a devolver «lo antes posible» a todos los que han entrado ilegalmente. El ministro viajará este viernes a Ceuta para supervisar la situación, pero sin ninguna medida extraordinaria de refuerzo militar.

Esta postura confirma una vez más la dependencia política de Sánchez respecto a Marruecos mientras la oposición y los propios vecinos de Ceuta hablan abiertamente de invasión migratoria y reclaman el uso del Ejército para defender la soberanía española.