El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a aclarar cuánto dinero público gastó en trasladar a los españoles deportados de Israel tras acceder a una zona de exclusión militar como parte de la llamada flotilla de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la dirección del ministro José Manuel Albares, ha rechazado en tres ocasiones las solicitudes tramitadas por The Objective para conocer el coste total del operativo, que diversas fuentes sitúan por encima de los 800.000 euros al incluir dietas, gestiones consulares y el despliegue del buque Furor.

En su respuesta a través del Portal de Transparencia, Exteriores recurre a un texto genérico que ya aparece en otras resoluciones idénticas. Alega que revelar el importe exacto afectaría a la “privacidad” de los miembros de la flotilla, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. El departamento de Albares evita así dar explicaciones sobre uno de los puntos más controvertidos del episodio: cuánto dinero del contribuyente se destinó a pagar decenas de billetes de avión, el flete del A400M militar y las ayudas consulares otorgadas a los activistas, incluidos los dos etarras que rechazaron regresar en un vuelo del Ejército.

Pese a que este diario no solicitó datos personales, sino una estimación total de los gastos, el Ministerio insiste en que “no es posible” publicar un listado individualizado de las ayudas por la normativa de protección de datos. Con ese argumento, deja sin respuesta cuestiones esenciales: el coste de la asistencia consular, los desplazamientos internos, los billetes de vuelos civiles o los gastos operativos de las embajadas en Israel y Grecia. Según ha podido saber este diario, incluso se adquirieron teléfonos móviles y ropa para algunos integrantes de la flotilla, financiados con fondos públicos y tarjetas de crédito de varias delegaciones diplomáticas.

La Unidad de Información y Transparencia recuerda en su texto que las ayudas económicas a la repatriación se rigen por la normativa española y figuran en el presupuesto del Ministerio. Añade que se tramitan a propuesta de las oficinas consulares y que pueden ser no reintegrables “cuando se dan las circunstancias del caso citado”. Sin embargo, esta afirmación choca de lleno con la Orden AUC/154/2022, que regula las ayudas “extraordinarias” destinadas a situaciones puntuales de vulnerabilidad o falta de recursos.

Dicha normativa establece que estas ayudas deben devolverse al Estado en prácticamente todos los casos, salvo cuando se demuestre que la persona beneficiaria carece de medios para reintegrarlas o que la devolución supondría una carga desproporcionada. Pese a ello, Exteriores interpreta que los activistas de la flotilla proHamás —incluidas figuras políticas como Ada Colau o la mediática Ana Alcalde, conocida como Barbie Gaza— quedarían exentos de devolver el dinero tras su aventura en el Mediterráneo que terminó con su deportación.

La actuación del Gobierno contrasta con la de otros países implicados. Portugal, Suiza, Sudáfrica e Italia comunicaron a sus ciudadanos que debían asumir los costes derivados de su decisión de participar en la flotilla, ya que fueron advertidos previamente de las consecuencias. “Fueron allí por su responsabilidad individual”, recordó el Ejecutivo portugués. En España, sin embargo, Sánchez ha optado por cargar al contribuyente un rescate que su ministerio ni siquiera quiere detallar.