El último índice de corrupción política elaborado por la Universidad de Gotemburgo sitúa a España en su peor calificación histórica desde el inicio de la democracia. Según los datos de 2025, referentes al año anterior y que publica El Confidencial, España alcanza una puntuación de 0,10, el registro más elevado desde 1977.

El índice forma parte del proyecto V-Dem (Varieties of Democracy), en el que participan alrededor de 4.000 expertos internacionales, y mide el grado de corrupción política en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y burocrático, así como en los procesos de elaboración e implementación de leyes. La escala empleada va de 0, correspondiente al nivel más bajo de corrupción, a 1, que representa el grado máximo.

Con la puntuación obtenida en 2024, España se sitúa por detrás de países como Chile, Francia y Alemania. En el extremo opuesto del ranking se encuentran Venezuela (0,97), Chad (0,95) y Nicaragua (0,94), mientras que Dinamarca, Suecia y Noruega lideran la clasificación con un 0,01. Otros países europeos presentan también valores reducidos, como Alemania y Países Bajos (0,02) o Reino Unido (0,04).

Para la elaboración del índice, la Universidad de Gotemburgo selecciona a cinco expertos por país. Posteriormente, se aplica un algoritmo destinado a corregir posibles sesgos individuales y garantizar la consistencia del resultado final. Este método se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, lo que permite comparar series históricas.

Según los datos de V-Dem, España registraba una puntuación de 0,04 en 2018, año en el que Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno. Ese valor se corresponde con la media histórica del país entre 1980 y 2010. En 2020, España alcanzó su mejor resultado, con un 0,03, iniciándose posteriormente una tendencia al alza: 0,05 en 2022, 0,07 en 2023 y 0,10 en 2024.

El índice desglosa además cuatro subepígrafes. En corrupción del Ejecutivo, España obtiene en 2024 un 0,10, la peor cifra desde 1976. En el ámbito del Legislativo, el país alcanza un 0,81 sobre 4, descendiendo desde el 1,38 registrado en 2018. En corrupción judicial, la puntuación es de 1,68 sobre 4, frente al 2,34 que se mantuvo de forma estable entre 1978 y 2021.

El informe refleja así un deterioro progresivo en varios indicadores de corrupción política, especialmente en el poder ejecutivo y legislativo, en un contexto en el que España continúa proyectando en el exterior una imagen de estabilidad institucional y compromiso democrático.