El Gobierno llevará de nuevo la discusión sobre el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE a la agenda europea este miércoles, coincidiendo con el primer día de debate para la investidura de Pedro Sánchez, y ello a pesar de que no contar aún con los informes sobre el impacto legal, financiero y práctico que le han pedido el resto de socios antes de analizar a fondo la petición.
Así consta en la agenda del Consejo de ministros europeos de Asuntos Generales que se celebrará en Bruselas este miércoles con, como último punto, un balance sobre los «avances» de la petición de España de incluir las tres lenguas cooficiales en el reglamento común que fija el régimen de las lenguas oficiales de la UE.
Desde que el pasado 24 de octubre los Veintisiete insistieran en pedir a España información detallada, la cuestión de fondo no ha vuelto a ser tratada a nivel europeo, ni en grupos técnicos ni en las reuniones periódicas de los embajadores.
Los Estados miembro, añaden las fuentes, siguen «a la espera» de que España —que este semestre marca la agenda de trabajo como presidencia de turno del Consejo— presente una «propuesta revisada» de la iniciativa que promueve.
El propio ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, que por primera vez desde que se elevó a la UE este asunto no asistirá a la discusión en Bruselas, ya dijo en octubre que llevaría al menos «dos o tres meses» que la Comisión Europea elabore los informes sobre el impacto material y presupuestario de la eventual inclusión de las tres lenguas en el reglamento común.
La Comisión Europea, por su parte, precisó después que está dispuesta a «coordinar» el trabajo necesario entre «todas las instituciones» de la Unión Europea para calcular el coste de reconocer el catalán, el euskera y el gallego y sus consecuencias legales y prácticas, pero que era pronto para estimar en qué plazo se podrá presentar tal evaluación.
El marco común prevé que el uso de las lenguas recogidas en el reglamento europeo se costeará a cargo de las arcas comunitarias, pero el Gobierno en funciones ha ofrecido que España asuma toda la factura de las lenguas cooficiales, con el objetivo de superar las dudas que genera el coste en otros socios, aunque no ha puesto número a dicha factura, más allá de apuntar a que es «asumible».
