Desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa (2018), España ha nacionalizado a 1.434.003 residentes extranjeros, según estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística analizadas por LA GACETA. La progresión ha sido sostenida y acelerada: 90.774 concesiones en 2018, 240.208 en 2023 y un récord absoluto de 299.732 en 2025, un 18,7% más que el año anterior. A esta cifra se suman los beneficiarios de la Ley de Nietos, la vía abierta por la Ley de Memoria Democrática que otorga la nacionalidad española a descendientes de españoles que jamás han residido en el país. Entre ambas vías, el electorado potencial de cara a las próximas elecciones generales de 2027 se ha ensanchado en más de dos millones de personas.

El primer frente afecta directamente al censo interior. La nacionalización de residentes extranjeros ha seguido un ritmo sin precedentes en la última década. Marruecos, Colombia y Venezuela encabezan los orígenes de los «nuevos españoles», y Cataluña y Madrid concentran casi la mitad de las concesiones. Estos ciudadanos adquieren la nacionalidad con residencia habitual en España y, por tanto, votan en el municipio donde viven. No todos son electores en activo —una parte eran menores en el momento de la nacionalización—, pero descontados los niños y sumados quienes alcanzarán la mayoría de edad antes de 2027, esta vía genera del orden de un millón y medio de nuevos votantes potenciales. La cifra sigue creciendo cada año.

El segundo frente es el censo exterior. La Ley de Nietos ha impulsado un crecimiento explosivo del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Entre las elecciones generales de julio de 2023 y el 1 de mayo de 2026, el censo exterior pasó de 2.333.056 inscritos a 2.708.083: 375.027 altas en menos de tres años, un 16,1% más, a un ritmo cercano a las 16.000 al mes. Si se mantiene esta tendencia, para las próximas generales de 2027 el CERA habrá sumado en torno a 600.000 nuevos electores respecto a los últimos comicios. Cada uno de estos nuevos electores, descendientes de emigrados en su mayoría de Argentina, Cuba y México, puede inscribirse en el censo exterior y votar en elecciones generales, autonómicas y europeas sin haber pisado jamás territorio español.

Es en este segundo frente donde las implicaciones se vuelven más visibles. Una vez obtenida la nacionalidad, el nuevo elector debe adscribirse a un municipio español. La ley le permite elegir el de «mayor arraigo propio o de sus ascendientes». El criterio es autodeclarado y se completa en un formulario consular sin verificación efectiva por parte de la Administración. Quien nunca ha residido en España decide, en la práctica, en qué provincia vota. Dado que los escaños se reparten provincia a provincia, en las circunscripciones de baja magnitud un número reducido de votos puede determinar un acta. A este mecanismo se suma que la reforma de la ley electoral de 2022 eliminó el voto rogado; desde 2023, la Oficina del Censo Electoral envía de oficio la documentación para votar a cada inscrito, sin que este tenga que solicitarla previamente.

La combinación de ambos frentes —entregar la nacionalidad a residentes y la vía abierta por la Ley de Nietos— genera un cambio estructural en el cuerpo electoral de una magnitud sin precedentes en la historia reciente de España. España lidera el ritmo acumulado de concesiones de nacionalidad en la Unión Europea entre 2019 y 2024, tanto en volumen total como en tasa por habitante. Sin embargo, lo que más llama la atención no es el volumen en sí mismo, sino la falta de transparencia sobre su impacto electoral.

El Gobierno alega «problemas de digitalización» para negarse a detallar cuántos se han nacionalizado por la Ley de Memoria Democrática y, sobre todo, a qué provincias se han adscrito esos nuevos votantes. El Consejo de Transparencia dictó una resolución firme obligando al Ministerio de Asuntos Exteriores a facilitar esa información. El Ministerio no la ha cumplido.