La Ciudad Autónoma de Ceuta, en manos de Juan Jesús Vivas (PP), ha aprobado un gasto de hasta dos millones de euros de dinero público para sufragar la asistencia jurídica de menores extranjeros no acompañados (menas) llegados a la ciudad en el contexto de la invasión iniciada el pasado 30 de julio. La medida supone un nuevo desembolso para las arcas ceutíes, que llevan más de tres meses soportando las consecuencias económicas y asistenciales de la invasión migratoria.

El Ejecutivo autonómico ha recurrido a una adjudicación de emergencia para encomendar al Ilustre Colegio de la Abogacía de Ceuta la representación legal de estos menores durante los procedimientos de triaje. La operación fue autorizada el 3 de noviembre y apareció publicada este jueves en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El expediente establece que cada intervención de un abogado costará 234 euros, incluido el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), fijado en el 4%. Por tanto, la cantidad definitiva que saldrá de las cuentas públicas dependerá del número de menores que precisen representación jurídica, con un techo presupuestario de dos millones de euros.

La decisión del Gobierno de Vivas añade una nueva partida económica a los recursos destinados a gestionar la llegada masiva de inmigrantes, mientras la ciudad continúa afrontando una situación extraordinaria que ha tensionado los servicios públicos y las instalaciones de acogida.

Además, la contratación se ha efectuado mediante un procedimiento excepcional, sin una licitación ordinaria abierta a diferentes competidores. Según consta en la documentación administrativa, únicamente se presentó una oferta, correspondiente al propio Colegio de la Abogacía de Ceuta, que terminó recibiendo la adjudicación.

Otro de los aspectos relevantes es que el contrato no establece una fecha concreta para finalizar las prestaciones. Su vigencia estará vinculada a la persistencia de las circunstancias excepcionales que justificaron su aprobación, aunque la Administración deberá recurrir a los procedimientos ordinarios de contratación para las actuaciones posteriores que queden fuera de la emergencia.

La documentación también aclara que no se utilizarán fondos de la Unión Europea para financiar este servicio, por lo que la obligación económica recaerá sobre los recursos presupuestarios de la Administración autonómica.

La adjudicación llega después de que la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio obligara a multiplicar los dispositivos de atención y acogida de menores extranjeros no acompañados. Más de tres meses después, las consecuencias de aquella invasión siguen traduciéndose en nuevos compromisos de gasto público.

De este modo, el Gobierno del Partido Popular en Ceuta reserva hasta dos millones de euros adicionales para cubrir las necesidades de representación legal de los menores migrantes, en un contexto de creciente presión económica sobre los servicios de la ciudad.